En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, junto al presidente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, le puso algún dato más su preanunció de que el gobierno estudiaba alguna manera de capturar parte de la renta extraordinaria que le produjo a algunos sectores la escalada de los precios por el conflicto bélico.
El ministro Guzmán explico brevemente que el Ejecutivo solo tenía una propuesta, no un proyecto, que planea una alícuota extra a las empresas que se hayan visto beneficiadas con ganancias extraordinarias pero que además esas ganancias superen los 1000 millones de pesos. Esa idea del Gobierno será discutida en una mesa (que también anunció el Ministro) a la que se convocaran a varios sectores incluidos los que tendrían que pagar la alícuota extra del gravamen a las ganancias
El borrador, en caso de prosperar, mejorará por una vez la recaudación del Estado para cubrir las erogaciones extraordinarias de los bonos y socorros del Estado a diversos sectores sin embargo no va sobre el fondo del gran problema (que venimos comentando desde hace unos días) y que no es otro que la redistribución del crecimiento de la economía y la puja distributiva que esto genera.
La alícuota extra que propone le ministro no es otra cosa que un nuevo parche impositivo sobre un sistema que ya esta caduco, es regresivo y carga las tintas sobre los sectores de menores y medios ingresos. Todo lo contrario de los sistemas impositivos modernos, sin embargo, es un debate que en la Argentina parece prohibido.
Se pueden pensar en otras alternativas más permanentes para mejorar la recaudación, ser más justos y provocar una redistribución distinta y más justa de la riqueza que produce la Argentina.
Desde la CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica), Alfredo Serrano Mansilla, María Dondo y Guillermo Oglietti se atreven una vez más a ser disruptivos proponer cinco ejes para el debate con sus correspondientes implicancias en la recaudación.
Son ideas para el debate, algunas en las circunstancias de estos días difíciles de concretar, pero en política nada es imposible si se decide avanzar y buscar el apoyo y los consensos necesarios para romper la correlación de fuerzas.
En este contexto los investigadores de la CELAG aseguran que la "Argentina requiere aumentar el presupuesto destinado a la inversión social a la vez que disminuir el déficit fiscal, una opción es aumentar la recaudación tributaria a partir de impuestos que se fugan a través de prácticas de evasión, elusión y tratamientos preferentes no justificados por cuestiones de equidad ni promoción económica" y a partir de ello presentan estas cinco propuestas que pretenden fortalecer la recaudación y mejorar la justicia fiscal, sin necesidad de aplicar más impuestos.
El primer punto es eliminar la exención del impuesto a las ganancias a magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacional y provinciales.
Según los datos de los investigadores en 2021, esta exención sumó 41.285 millones de pesos (0,11 % del PIB o 4,15 % del total del gasto tributario). Si se aplica ese 0,11 % al PIB proyectado para 2022 en el Proyecto de Ley de Presupuesto, el monto de la exención sería de 65.774 millones de pesos, equivalentes al 10 % del presupuesto proyectado para atender la salud pública, el 35 % del gasto proyectado para financiar ciencia y técnica, el 115 % del presupuesto para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o más de 6 veces el presupuesto para el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.
El informe también propone una Sobretasa (en este caso parmente pero no a las ganancias inesperadas de algún sector) sino al impuesto a las ganancias extraordinarias de los bancos.
El sector bancario argentino es el más rentable de América Latina. En 2019, ganó 6590,1 millones de dólares de beneficios antes de impuestos (aproximadamente el 1,4 % del PIB), principalmente en base al margen de intereses y operaciones financieras.
También es el segundo de América Latina que menos impuestos paga al Estado (después de Paraguay). En 2019, la tasa legal del impuesto a las ganancias de sociedades era del 30 %, pero los bancos aportaron únicamente el 15,7 % de su rentabilidad bruta.
Si se aplica al sector una sobretasa a las ganancias extraordinarias como la que existe en Bolivia (25 % adicional en el caso de que el ROE sea mayor al 6 %), la recaudación anual adicional sería de entre 1000 y 1700 millones de dólares (0,2 % a 0,3 % del PIB proyectado para 2022).
El tercer punto es atacar sobre Bienes personales y actualizar las valuaciones fiscales de los inmuebles y eliminar la exención de los inmuebles rurales(algo que el Gobierno ya viene planteando)
Las valuaciones fiscales de los inmuebles urbanos utilizadas para calcular la base imponible del impuesto a los Bienes personales rondan entre el 5 % y 7 % del valor de mercado. Si se aplica a nivel nacional la actualización de valuaciones realizada en CABA, la recaudación podría aumentar en un 0,6 % del PIB para 2024, a partir de una mayor recaudación sobre las propiedades de alto valor.
Además, los inmuebles rurales cuyos titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas, cualquiera sea su destino o afectación, están exentos del impuesto (actualmente no aplica el impuesto a la ganancia mínima presunta, por lo que la doble imposición ya no opera). Sin embargo, en la propiedad rural hay una alta concentración de riqueza que, además, se valorizó fuertemente en los últimos años. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, entre 1999 y 2019, estos inmuebles se valorizaron un 300 % y en la provincia de Córdoba, entre 2003 y 2015, se valorizaron el 1740 %. Los inmuebles rurales de alto valor deberían incluirse en la base imponible del impuesto.
El cuarto punto de la propuesta sugiere un Impuesto mínimo a empresas multinacionales.
En 2019 la tasa legal del impuesto a las ganancias de sociedades era del 30 %, sin embargo, la tasa efectiva1 era del 4,1 %. Además, la evasión del impuesto a la renta de sociedades equivale al 49,7 % de la recaudación del impuesto.
Si se logra aumentar la tasa efectiva al 10 %, la recaudación adicional anual sería de 1.277.211 millones de pesos (2,1 % del PIB proyectado 2022). Esto permitiría inclusive disminuir la tasa legal porque el problema está en la efectiva.
Si se aplicase un impuesto mínimo del 15 % a empresas multinacionales que actualmente no tributan en el país, aunque parte de su actividad económica ocurre en Argentina, se podría recaudar entre un 0,1 % y 0,4 % del PIB (35.507 a 124.275 millones de pesos adicionales, según PIB proyectado 2022).
Finalmente, los investigadores proponen entrar de lleno en el debate de fondo con un nuevo enfoque de las reglas fiscales.
Las reglas fiscales, que generalmente están diseñadas para limitar los gastos sociales podrían diseñarse de modo que, por medio de mecanismos automáticos, aseguren el aporte de quienes más riquezas tienen para financiar la garantía de derechos. Por ejemplo:
Cuando los presupuestos destinados a Salud y Educación no alcancen el 4 % del PIB o muestren incrementos anuales menores al 0,25 % del PIB, el Gobierno cobrará automáticamente un impuesto extraordinario a las grandes fortunas. La regla se suspende cuando los presupuestos alcancen el 6 % del PIB. La aplicación de este aporte extraordinario permitió recaudar cerca del 0,5 % del PIB.
El gasto tributario generado por subsidios y beneficios otorgados a los grandes grupos económicos no puede superar el 1 % del PIB.
Las ideas no efectivamente tienen que concretarse tal cual, pero es un gran aporte desde la academia para repensar y debatir como se reparte la riqueza que se genera. Se podrían sumar muchas otras ideas como disminuir cargas tributarias a las empresas que cumplan con el mandato constitucional de del articulo 14 bis o a quienes resguarden sus ganancias en el sistema financiero local y en moneda nacional, etcétera.
En las crisis profundas, como la que atraviesa el mundo y la Argentina, las oportunidades para cambiar la historia y el destino se multiplican, solo hace falta la voluntad política de aprovecharlo.
Para conocer más sobre el trabajo de CELAG podes escuchar aquí la charla con Guillermo Oglietti uno de los investigadores del trabajo.
