Precios y salarios, con actores iguales los resultados son los mismos
Por Marcelo López Álvarez.
Las sanciones de la Secretaría de Comercio a los molinos de la industria harinera sin distinción de tamaños es el primer paso fuerte y cierto, que da el Gobierno en el camino de medidas para poner en caja a algunos actores de la cadena de producción y precios de los alimentos.
Es la primera sanción concreta que sale desde el Gobierno a un sector de los que se sientan en las interminables mesas de negociaciones y acuerdos, que hasta ahora no parecen dar resultados en la necesidad imperiosa de reducir los índices inflacionarios.
La Secretaria de Comercio sin embargo no sancionó a los molinos por los acontecimientos de los últimos días que provocaron la escalada de precios sino que recurrió a un viejísimo expediente, que dormía el sueño de los justos en algún escritorio y ya tenía resolución de Defensa de la Competencia.
El expediente se había iniciado a partir de una denuncia de mediados de 2015, que expresaba que en el marco de la Fiesta de la Harina realizada en el Hotel Sheraton de Retiro, las entidades denunciadas -Molino Cañuelas, la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), la Cámara de Industriales Molineros (CIM) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (Apymimra)- junto a más de un centenar y medio de grandes y medianas empresas habían sellado el "Acuerdo general de la libre competencia en el sector molinero", que según la Secretaría de Comercio implicaría la fijación de precios mínimos en forma convenida por todo el sector generando un «cartel institucionalizado».
La resolución de Comercio confirma lo que todo el mundo sabe, que no solo hay concentración en los elaboradores de alimentos y productos de primera necesidad sino también cartelización y ataques constantes sobre los productores más pequeños y regionales. Algo que definitivamente no se está solucionando con la mesas de consenso y diálogo.
Sin embargo, si puede ser auspicioso que el Ejecutivo pase a la acción hay un dato que no deja de ser preocupante y es la posibilidad de que precisamente el Estado utilice a su antojo los expedientes acumulados en escritorios como espadas de Damocles sobre las empresas o ciudadanos.
Los molinos harineros deberían haber sido sancionados fuertemente por su comportamiento en los últimos 60 días y no por una denuncia que podrá ser cierta pero debería haberse resuelto en tiempo y forma y no dos Gobiernos después.
Mientras tanto el Gobierno se prepara para recibir el dato de la inflación de marzo que será alto o muy alto, hasta existe la posibilidad cierta que supere el 5% y continua apostando a las mesas de diálogo. El mismo día de las multas a los principales ministros del Ejecutivo con la CGT y la UIA, el resultado fue más de lo mismo. Otro acuerdo de incierto cumplimiento para que las empresas y sindicatos mantengan abiertas las paritarias y el consenso de una canasta básica de 50 o 60 productos de primera necesidad a precios accesibles.
Traduciendo una promesa de que vamos a ver si discutimos salarios y otra promesa de la canasta numero 1000 que nadie encuentra en ningún lado y que, de crearse, traerá más confusión a los programas que ya existen de control o regulación de precios y que son difíciles de encontrar y mucho más fuera del AMBA.
El gran reto del Gobierno, no es otro que encontrar respuestas efectivas al problema de la economía diaria, no parece tener solución. Los datos de la macro (excepto la inflación) siguen siendo muy interesantes y con cierta esperanza para la Argentina sin embargo no hay manera que esa sensación llegue a la mayoría de los ciudadanos y mucho menos a sus bolsillos.
La enorme diferencia que hoy existe entre la mayoría de los salarios y las jubilaciones y el salario necesario para no caer debajo de la línea de pobreza parece merecer acciones más concretas que mesas de diálogo, promesas de canastas o incluso multas a destiempo.
Sin embargo es difícil encontrar respuestas, si los interlocutores siempre son los mismos.