Pasaron la audiencia pública para discutir los costos de producción y la tarifa de transporte del gas natural, que no es una más en el contexto de recorte de subsidios que como condición abrió el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Un tema polémico por su impacto en el bolsillo de los usuarios residenciales, comercios e industrias que más consumen energía, y también complejo.
"En los 90 cuando se privatizaron los servicios públicos se dividió en 4 partes la factura: casi 60% representa el costo del gas, otra porción es el PIST (punto de ingreso al sistema de transporte), lo que cobra la distribuidora y el valor de los impuestos que recaudan Nación y Provincia es el cuarto ítem", repasó el ex diputado nacional y recientemente electo en la Legislatura mendocina, José Ramón, por Protectora Fuerza Política, en diálogo con radio Andina.
Sobre el valor del gas en boca de pozo, que se pretende elevar de u$s 3,53 a más del doble, Ramón, considerado un referente en la defensa de los derechos de consumidores desde la ONG, advirtió que "están regulados el transporte y la distribución del gas, pero la producción está en manos de cuatro operadores en el país que presionan para ajustar costos y rentabilidad, muy superior a lo que realmente vale y quieren venderlo al sistema de transporte a u$s 7,60".
El legislador señaló además que "la pelea es enorme, porque es un negocio multimillonario". Y que en ese escenario, en el que pesan también las importaciones desde Bolivia, "se cuela el FMI con el recorte de subsidios", ya que bajarlos al 44% (como planteó la Secretaría de Energía de la Nación), significa que en Zona Fría (donde está incluida Mendoza) la tarifa llegue a aumentar hasta 59%.
"Ha llegado el momento de repensar las privatizaciones de los 90. Es una decisión política. Y como decía en la audiencia, el ministro de Economía no puede poner por delante de los derechos de los usuarios la recaudación impositiva", resaltó Ramón.
