El gobierno provincial puso nuevamente en agenda el debate por la reforma institucional tras haber ganado de manera contundente las elecciones legislativas de este año, y que tomó como un respaldo a la gestión del gobernador Rodolfo Suarez.
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El pedido del oficialismo al peronismo: que aprueben la reforma constitucional
Con la conquista del 65% de los cargos que se disputaban, el oficialismo quedó con mayorías automáticas en ambas cámaras legislativas y apenas a dos diputados y tres senadores de contar con los dos tercios necesarios para avanzar en dos leyes concretas: la reforma constitucional y el endeudamiento.
En el caso de la reforma institucional es quizás más complejo porque se requieren los dos tercios de votos positivos del total de miembros de ambas cámaras, mientras que en el permiso de crédito se limita a los dos tercios de los presentes.
Este panorama más favorable impulsa los deseos del oficialismo de lograr la reforma institucional que Suarez propuso en 2020 y cuya discusión fue rechazada de manera contundente por el PJ, por considerar que no era el momento oportuno.
Pasadas las elecciones y en un momento de cierta calma de la pandemia, el oficialismo insiste en reactivar el tema en la Legislatura, con un justicialismo en una posición incómoda y obligado a reflexionar ante la pérdida sostenida de apoyo de la ciudadanía en las urnas.
"Esperamos que la oposición haya tomado nota sobre el apoyo de la ciudadanía y quizás se quiera sentar a discutir la reforma en la Legislatura", lanzó este martes el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez luego de la reunión de gabinete que encabezó Suarez y de la que el funcionario ofició de vocero.
Esa declaración fue un claro llamado al peronismo, que a partir de mayo será la única fuerza opositora en el Senado y que en Diputados solo se sumará una diputada del Partido Demócrata (Mercedes Llano) y uno del Partido Verde (Emanuel Fugazzotto).
Mientras que referentes del oficialismo venían dando señales en el mismo sentido. El presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff, en el lunes post electoral, en su visita al programa Tribuna Electoral, sostuvo que es "un tema que está pendiente". "Creo que hay que permitirles a los mendocinos que se manifiesten si están de acuerdo o no. La Legislatura no reforma, declara la necesidad y el pueblo aprueba esa necesidad y luego define a los constituyentes", explicó respecto al complejo proceso que implica una reforma constitucional, tal cual está establecido en la Carta Magna.
En el mismo sentido se expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, días atrás al ser entrevistado por Radio Andina. "Seguiremos apostando al diálogo, de convencer de la necesidad de la reforma institucional que plantea Rodolfo Suarez. Tiene que ver con reducir el gasto de la política", expresó.
"Esperamos que el peronismo entienda que es un mensaje claro a la sociedad, una respuesta a un reclamo de la sociedad", señaló.
Los aspectos principales del proyecto de reforma constitucional:
- Incorpora el principio de representación territorial, que se suma al actual, que es poblacional. De esta manera, todos los departamentos deberán tener representantes en la Legislatura.
- Limita a una sola las reelecciones para cargos provinciales y municipales, a excepción de la de gobernador y vice, que continuarán prohibidas.
- Reconoce el voto voluntario para jóvenes de 16 años y elimina la prohibición para integrantes de la Policía.
- Establece la unicameralidad en la Legislatura. Solo habrá una cámara de 48 integrantes, con representación poblacional y territorial. Se elimina, además, la elección de medio término, las sesiones en minoría y las votaciones secretas.
- Añade el ballotage o segunda vuelta para la elección de gobernador/a y vice.
- Modifica el procedimiento de elección de jueces y funcionarios de la justicia de paz al de los demás tribunales inferiores y establece como edad máxima para el ejercicio de la magistratura los 70 años.
- Instituye la autonomía municipal y establece los "principios rectores" de la coparticipación de impuestos.
- Reubica a los órganos descentralizados fuera de las órbitas actuales: la Fiscalía de Estado no estará dentro del Poder Judicial, al igual que el Tribunal de Cuentas.