Impsa S.A., la multinacional mendocina que fue durante décadas propiedad de la familia Pescarmona, se convirtió en una empresa con participación estatal mayoritaria desde junio al ingresar la Nación y la Provincia de Mendoza a su directorio con el 82% del paquete accionario. Pero el Gobierno local aún adeudaba el equivalente a algo más de la mitad de valor de las 454,3 millones acciones Clase C suscriptas, que terminó de cancelar con un depósito de más de $250,3 millones.
Así, Mendoza asume definitivamente la propiedad de su cuota (21,2%). Hasta ahora había efectivizado el pago de $200 millones a cuenta del total, al aprobarse el contrato de suscripción por el cual se había capitalizado a IMPSA con un aporte comprometido entre el Estado provincial y el nacional (que detenta otro 63,7%) de u$s 20 millones en total.
De hecho, el decreto N° 910/2021 había autorizado ese aporte inicial, y a completar el resto durante el ejercicio contable 2022. Sin embargo, la medida firmada por el gobernador Rodolfo Suarez y el ministro de Economía, Enrique Vaquié, estipula que "existen partidas en el presente ejercicio como para pagar el saldo de la capitalización suscripta entre la Provincia e IMPSA de $ 254.300.000,00 evitando hacer uso de la facultad que autoriza el Artículo 100 de la Ley N° 8706".
Esa decisión obligó a modificar la forma de pago dispuesta originalmente en el convenio (artículo 3 del mencionado decreto), y autorizó la erogación del Tesoro provincial, a través de la Unidad de Gestión de Crédito.
Cabe recordar que así termina de estructurarse la nueva composición accionaria de IMPSA. Mientras la Nación incrementa su participación accionaria en 63,7% con la suscripción de acciones clase C, Mendoza se queda con 21,2%. En tanto, el porcentaje restante (15,1%) permanece en manos privadas: 9,8% a través de un fideicomiso de acreedores encabezados por bancos como el Nación y BICE, y 5,3% para Enrique Pescamona y la familia fundadora de la firma.