Si alguien cree haber visto todo, seguramente se equivoca. Sí cree haber leído todo seguro muchas páginas aún le faltan recorrer. Pero si alguien cree que su capacidad de asombro ya estaba agotada pues demostraremos que no.
12 de agosto de 2026
Si alguien cree haber visto todo, seguramente se equivoca. Sí cree haber leído todo seguro muchas páginas aún le faltan recorrer. Pero si alguien cree que su capacidad de asombro ya estaba agotada pues demostraremos que no.
El último jueves nombres presentó ante la Fiscalía de Estado un pedido firmado por los juristas Eduardo Pérez Hualde (ex juez de la Corte Suprema de Mendoza) y los abogados especialistas en derecho de aguas, Miguel Mathus Escorihuela y Aldo Guarino Arias, para suspender el proceso licitatorio de Portezuelo del Viento. Eufemismo utilizado para pedir en realidad que se abandone la obra más importante para el desarrollo del sur mendocino y de toda la provincia de por lo menos los últimos 50 años superando incluso en magnitud e importancia a Potrerillos.
El documento entregado a la Fiscalía hace una lista de supuestos problemas que tendría el proceso. La mayoría tomados a partir de incomprobables como el de suponer cómo fallaría la Corte Nacional. Pero nos centraremos en lo más sorprendente de la presentación firmada por Mathus Escorihuela y Guarino Arias.
Aseguran que "la disminución sensible del caudal del Río Grande en los últimos años, el cuestionamiento, cambio y desconocimiento sistemático de las provincias integrantes del COIRCO de sus decisiones, la presencia de diversos reclamos de provincias limítrofes sobre los caudales de las cuencas principales de nuestro territorio, todo ello ocurrido con posterioridad a los estudios de factibilidad que fundaron la necesidad de la obra y su planificación de llenado de la presa y -consecuentemente- de recuperación de la inversión, obligan a un replanteo de la decisión".
Ahora veamos lo que decían ambos especialistas hace exactamente un año atrás en una conferencia organizada por Jóvenes Liberales Demócratas y la Catedra Alberdi. Allí se analizaba el avance de Portezuelo del Viento, el pedido de laudo arbitral por parte de Mendoza y las posibilidades jurídicas de la provincia.
Durante el ZOOM, según publica Sitio Andino el 8 de Julio del año pasado (entre otros medios) Mathus Escorihuela coincidió con otro de los expositores, José Luis Correa, en que el gobernador de Mendoza no debió apelar al laudo presidencial para resolver respecto al pedido de La Pampa de un nuevo estudio integral de impacto ambiental sobre la cuenca del Río Colorado.
"El pedido de La Pampa no tiene ningún fundamento técnico ni jurídico, el único propósito es dilatar más aún el proceso de construcción de la obra, porque esta nueva evaluación demandaría por lo menos tres años. Es innecesario e inútil; la presa ya ha sido estudiada cinco veces, incluso por el MIT, que desarrolló el estudio más completo de la historia de nuestro país", reflexionó vehemente y agrego que "no hay nada que consensuar respecto al Río Colorado, está todo debidamente aprobado en el seno de COIRCO y refrendado por ley".
Pero no se quedó allí Mathus, pidió que se anule el artículo del tratado del Río Colorado que establece que el Poder Ejecutivo arbitre en caso de controversias. "Tenemos que someternos al laudo de la Corte Suprema, no del presidente", convencido de que sería un juicio fácilmente ganable.
Y arengando a quienes lo veían a través de la pantalla decía "Estamos hartos de la actitud dilatoria y obstruccionista. Debemos recuperar con fuerza y vigor nuestra autonomía provincial en el marco de la Constitución Nacional y poner punto final al espolio que estamos sufriendo de forma permanente por la Nación y las otras provincias. Y tomar la decisión de destinar el dinero exclusivamente para el desarrollo provincial, sin pedirle autorización a nadie". Qué le ha hecho cambiar de opinión tan radicalmente que ahora firma una presentación en sentido absolutamente contrario a lo que defendía, difícil de saber y aún menos de comprender
En ese mismo conversatorio virtual otro de los firmantes de la presentación ante la Fiscalía de Estado, Guarino Arias se tomaba de la jurisprudencia internacional respecto a la utilización del agua de ríos interestatales para asegurar que "Mendoza tiene el derecho privativo y exclusivo de usar el agua del río en usos no consultivos, es decir, que no alteran la cantidad ni la calidad del agua, como es en el caso Portezuelo".
Y afirmaba que la anulación por parte del presidente Alberto Fernández del laudo arbitral del anterior mandatario era "una barbaridad jurídica porque tiene el mismo valor que una sentencia; y el desarchivo es una barbaridad que debe ser revisada por la vía de nulidad por parte de la Corte".
Qué hace cambiar tan rotundamente de opinión a dos juristas y especialistas en un año es un misterio. Qué puede llevarlos de creer que Mendoza tenía toda la razón en que la obra era incuestionable porque nunca se habían realizado tantos estudios de seriedad para una obra en la Argentina a firmar que la provincia puede no tener razón, o que "este aspecto (ambiental) no ha sido evaluado integralmente, desconsiderando precondiciones que desvirtúan los beneficios pretendidos de la obra" como firman en la presentación.
La explicación a tan brutales e inentendibles contradicciones sobre una obra fundamental para el desarrollo de Mendoza solo se podrán encontrar en sus conciencias o detrás de oscuros intereses
Aquí el texto de la nota publicado en Sitio Andino el 8 de Julio de 2020
Portezuelo: "Un nuevo estudio ambiental es inútil, la presa ha sido estudiada cinco veces"
El avance de Portezuelo del Viento, el pedido de laudo arbitral por parte de Mendoza y las posibilidades jurídicas de la provincia fueron analizados por dos especialistas en derecho del agua, en una videoconferencia organizada por Jóvenes Liberales Demócratas y Catedra Alberdi.
Se trata del director del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Miguel Mathus Escorihuela, y del miembro del Consejo Honorífico Asesor del Archivo de Historia del Agua, Aldo Guarino Arias. Ambos expertos de dilatada trayectoria y con reconocimiento nacional en materia hídrica.
Mathus Escorihuela coincidió con el planteo del también abogado José Luis Correa en cuanto a que el gobernador de Mendoza no debió participar de la última reunión del Consejo de Gobierno de COIRCO, ni apelar al laudo presidencial para resolver respecto al pedido de La Pampa de un nuevo estudio integral de impacto ambiental sobre la cuenca del Río Colorado.
"El pedido de La Pampa no tiene ningún fundamento técnico ni jurídico, el único propósito es dilatar más aún el proceso de construcción de la obra, porque esta nueva evaluación demandaría por lo menos tres años. Es innecesario e inútil; la presa ya ha sido estudiada cinco veces, incluso por el MIT, que desarrolló el estudio más completo de la historia de nuestro país", reflexionó.
En sentido, manifestó que "no hay nada que consensuar respecto al Río Colorado, está todo debidamente aprobado en el seno de COIRCO y refrendado por ley". Por eso, pidió que se anule el artículo del tratado del Río Colorado que establece que el Poder Ejecutivo arbitre en caso de controversias. "Tenemos que someternos al laudo de la Corte Suprema, no del presidente", resaltó.
Asimismo, planteó la posibilidad de que Mendoza utilice los fondos (1.023 millones de dólares) que Nación debe transferirle por el acuerdo Cobos/Kirchner de 2006 para desistir del juicio de la Promoción Industrial para "otras obras de bien público de beneficio económico para la provincia".
"Estamos hartos de la actitud dilatoria y obstruccionista. Debemos recuperar con fuerza y vigor nuestra autonomía provincial en el marco de la Constitución Nacional y poner punto final al espolio que estamos sufriendo de forma permanente por la Nación y las otras provincias. Y tomar la decisión de destinar el dinero exclusivamente para el desarrollo provincial, sin pedirle autorización a nadie", sentenció el ex legislador nacional.
Por su parte, Guarino Arias mencionó la jurisprudencia internacional respecto a la utilización del agua de ríos interestatales. "Mendoza tiene el derecho privativo y exclusivo de usar el agua del río en usos no consultivos, es decir, que no alteran la cantidad ni la calidad del agua, como es en el caso Portezuelo".
"Las otras provincias no tienen injerencia, mucho menos de participar de los beneficios económicos cuando no aportan ni un centavo, ya que la obra es financiada 100% por Mendoza", detalló. En cuanto a la decisión del Gobierno Nacional de desarchivar el pedido de laudo arbitral de La Pampa y -a su vez- desestimar los laudos del ex presidente Mauricio Macri, a favor de la obra, el especialista sostuvo que "anular un laudo arbitral es una barbaridad jurídica porque tiene el mismo valor que una sentencia; y el desarchivo es una barbaridad que debe ser revisada por la vía de nulidad por parte de la Corte".
Coincidió con Mathus Escorihuela en que "las cuestiones privativas del COIRCO deben ser dirimidas por la Corte, porque la injerencia del Gobierno nacional es una violación gravísima al sistema federal; mucho más cuando el presidente (por Alberto Fernández) se presenta en el domicilio de uno de los litigantes a decir que no va a financiar la obra con total desconocimiento de la causa".
