Mayores, embarazadas y personas con discapcidad

Por ley, entidades públicas y privadas deben otorgar prioridad en la atención a un amplio grupo de personas

Por Sección Política

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó y giró al Senado un proyecto de ley -autoría de Cecilia Rodríguez (UCR), al que se le acumuló una iniciativa similar de María José Sanz (UCR)-, por el cual se establece con carácter de obligatorio otorgar prioridad de atención a adultos mayores, mujeres embarazadas y/o gestantes y personas con discapacidad o movilidad reducida en todo establecimiento público dependiente de la provincia, así como a toda entidad privada, que brinden atención al público a través de cualquier forma o modalidad.

La iniciativa fue votada positivamente en general, y negativamente por la oposición en los artículos que establecen las sanciones punitivas por incumplimiento de lo contemplado en la norma.

Estos apartados incorporan al Código Contravencional el artículo 85 bis, disponiendo que el privado que no cumpla con las disposiciones de la ley o no exhiba cartelería, será sancionado con multa de 500 hasta 2000 Unidades Fiscales y/o inhabilitación del local por el término máximo de 30 días.

Para la aplicación de las multas se deberá tener en consideración la cantidad de operaciones que realiza el comerciante, establecimiento o entidad financiera; la magnitud de la empresa; los medios a su alcance para brindar atención prioritaria, evitando las esperas de los usuarios; y los antecedentes que se registren en los últimos tres años.

La Ciudad obligará atención prioritaria a personas mayores, embarazadas y con discapacidad

En el caso de los establecimientos públicos, las sanciones deberán estar en total conformidad con el estatuto del empleado público, atender la cadena de responsabilidades que el mismo establece, garantizar capacitaciones sobre la temática a las y los agentes, y ser especificadas en la reglamentación.

Para constatar las condiciones previstas, las personas podrán servirse del certificado médico de embarazo (para el caso de mujeres embarazadas o personas gestantes, cuando éste no sea evidente), el Certificado Único de Discapacidad, y el DNI para el caso de mayores de 60 años. Están excluidas las dependencias que en forma permanente o transitoria atiendan trámites relacionados específicamente con las personas enunciadas.

Las reparticiones y establecimientos comprendidos en la normativa deberán realizar campañas de concientización y exhibir cartelería que indique que el lugar brinda atención a las personas pertenecientes a esos grupos, a través de indicadores ubicados en lugares visibles de acceso público.

En caso de violación a la prioridad de atención, la Dirección de Defensa del Consumidor podrá, previa denuncia de la parte interesada, aplicar las sanciones referidas en el Artículo 57 de la Ley de Defensa del Consumidor.

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