El oficialismo mendocino presentó un proyecto de ley para que se garantice la participación del Poder Judicial en todas las denuncias por violencia de género.
El oficialismo mendocino presentó un proyecto de ley para que se garantice la participación del Poder Judicial en todas las denuncias por violencia de género.
La iniciativa fue presentada por la diputada María José Sanz (UCR) y acompañada por la totalidad de las mujeres que integran ese bloque. En concreto, se apunta a modificar diversos artículos del Código Procesal local.
La legisladora habló con SITIO ANDINO y explicó los objetivos detrás de la propuesta. "Buscamos fundamentalmente que el Poder Judicial no pueda desentenderse de las denuncias y que dicte medidas de protección necesarias en los casos de violencia contra las mujeres, que se sustancien las pruebas y que tenga, al menos, una entrevista con la denunciante", resumió.
"En muchos casos, una mujer hace una exposición ante un policía y nunca toma contacto con un fiscal, ayudante fiscal o un juez. No es lo mismo tener información en un expediente que tener contacto con la víctima", afirmó Sanz.
Las mujeres del radicalismo impulsaron el proyecto.
Para esto, en los cambios impulsados al Código Procesal Penal se exige que en ningún caso que implique cualquier forma de violencia de género se pueda suspender la persecución penal, aún cuando se trate de "un hecho insignificante, de mínima culpabilidad del autor o del partícipe o de exigua contribución de este".
Asimismo, si se aprueba la norma, tampoco procederá la suspensión del procedimiento o juicio a prueba para este tipo de casos. Junto a esto, las y los agentes fiscales de turno deberán consultar en el Sistema de Gestión para confirman si existen otros procesos en trámite o archivados respecto del agresor.
Por último, se establece que "en los procesos vinculados con violencia de genero,el Fiscal interviniente deberán mantener una entrevista personal con quien resulta víctima de violencia de género, no pudiendo en ningún caso eximirse de esta obligación, bajo ningún fundamento, reconociendo el derecho de la víctima a ser oída".
Sanz sostuvo que, si bien aún están en curso las sesiones extraordinarias en la Legislatura (y solo se pueden tratar nuevos proyectos si estos fueron enviados por el Ejecutivo), se buscará darle difusión a la propuesta y debatirla parlamentariamente en corto plazo.