Fue uno de los cuestionamientos de la oposición cuando el ministro Víctor Ibañez llevó a la Legislatura los listados de vacunados en Mendoza contra el coronavirus: la presentación en formato papel. Desde el Ejecutivo justificaron la modalidad en base a "lo que autorizó el fiscal de Estado", tal como sostuvo el gobernador Rodolfo Suarez, citando la ley de protección de datos personales.
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Senadores radicales impulsan un registro digital de vacunados, como reclama la oposición
Sin embargo, dos senadores de la misma fuerza política a la que pertenece el primer mandatario, la UCR, presentaron un proyecto de ley a fin de crear el "Registro Provincial de la Población Vacunada contra la COVID-19", que se publicaría digitalmente.
Gabriela Testa, una de las autoras del proyecto (Foto: Prensa Senado)
La iniciativa, presentada a fines de febrero por Gabriela Testa y Alejandro Diumenjo, tomó estado parlamentario a principios de este mes y fue girada a la Comisión de Salud. Establece que la nueva herramienta -que sería manejada y actualizada periódicamente por el Ministerio de Salud- "sistematizará información de calidad para la eficiente gestión del Plan de Acción de Vacunación (...), contribuyendo, además, a la transparencia en la gestión de vacunas asignadas por la Nación a la Provincia, garantizando el acceso a la información".
Si bien el texto no aclara qué datos se publicarían sobre cada ciudadano/a, señala que el registro no sólo facilitaría el empadronamiento de las personas vacunadas, sino también el seguimiento de los y las inmunizadas.
En sus fundamentos, los autores del proyecto afirman que el padrón "se enmarca en el alto nivel de institucionalidad de Mendoza, donde no han sucedido las lamentables situaciones que se han registrado a nivel nacional y en otras jurisdicciones provinciales", en referencia al "Vacunatorio VIP" que devino en la salida de Ginés González García de la cartera sanitaria de la Nación.
Ahora resta esperar si la propuesta avanza en el ámbito legislativo y, de ser así, cómo la reglamentará el Ejecutivo para garantizar el derecho a la intimidad que contempla la legislación nacional.