Este martes 16 de marzo marcará un antes y un después en la historia de IMPSA S.A. La firma fundada por la familia Pescarmona, cuyo 65% pertenece a un fideicomiso integrado por bancos y fondos de inversión, encara su metamorfosis a una compañía con mayor participación estatal: será una vez que su asamblea de accionistas respalde la emisión de nuevas acciones Clase C por u$s 20 millones para capitalizarse, lo que puede ser la llave para que el Gobierno se convierta en socio mayoritario.
Se trata de una "nueva clase C de acciones ordinarias nominativas, con derecho a un voto por acción, sin prima de emisión atento a la situación financiera y patrimonial de la Sociedad", explican desde la firma sobre la capitalización, que requiere la renuncia de sus actuales accionistas clase A a su derecho preferente de acrecer. Es que, según aclaran desde IMPSA el objetivo es "posibilitar la oferta para su suscripción total por el Gobierno nacional o de la provincia de Mendoza".
La mayor presencia del Estado (hoy representado por Banco Nación) implica reestructurar su directorio; con ese fin aumentará a 7 la cantidad de directores titulares, entre los cuales el nuevo socio podrá ocupar 4 sillones, es decir, el control de la compañía. Para eso, el núcleo duro del fideicomiso o accionistas A (también integrado por el BICE y fondos de inversión como el chileno Moneda Assets) y los B (Enrique Pescarmona y su familia) desistan de adquirir parte de las acciones C.
En el seno de IMPSA relativizan esa posibilidad, y entienden que en mayor o menor medida el Estado (Provincia y Nación juntos) es el postulante principal: resta definir qué organismo será el apéndice de la presencia oficial y así también cómo se repartirán las cuotas. Sin duda, es el ítem más importante en el orden del día de la asamblea de accionistas convocada por IMPSA para el mediodía, que también prevé otro "reperfilamiento" de bonos de su deuda (ver aparte).
"Esta nueva capitalización permitirá preservar años de inversión en tecnología para la industria nacional y permanecer como referentes internacionales en energía para exportar productos de alto valor agregado. IMPSA es fuente de ingresos, genera empleo de alta calificación, ahorra divisas y trabaja con 100 pymes día a día", afirmó Juan Carlos Fernández, CEO de IMPSA.
La Nación al frente ¿y la Provincia?
Porqué hay confianza en que el Estado haga "pata ancha" en la multinacional mendocina un indicio lo da el hecho de que desde hace tiempo, el Banco Nación ocupa la presidencia del directorio: a Diego Grau, quien ejercía ese rol por la entidad, lo reemplazó Marcelo Kloster, asesor y mano derecha del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que hasta 2020 ocupaba un lugar por el Estado en Techint, otra de las multinacionales argentinas reconocidas.
Desde el Ejecutivo provincial están a la expectativa. Por eso, sin descartar una eventual "sociedad" con Nación, los funcionarios son cautos a la espera de la luz verde de la Asamblea pero tampoco disimulan que la oferta los seduce.
De ahí que, pese a que la situación financiera de la provincia tampoco atraviesa su mejor momento, el Ejecutivo se postula. "Impsa es muy importante para Mendoza. Hay interés. Vamos a esperar a conocer las condiciones que ofrezca la empresa para la capitalización", indicaron fuentes del Ministerio de Economía respecto a las perspectivas.
¿Cuáles serían esas condiciones? Aún a sabiendas de que debe esperar el visto bueno de la Asamblea, el CEO Fernández tiene la propuesta bajo el brazo: un 25% de los u$d 20 millones debería estar depositado en la cuenta de la firma en un plazo no mayor a 45/60 días, en tanto que para cancelar el 75% restante el futuro nuevo accionista controlante tendrá tiempo hasta el año 2023.
Reperfilamiento por u$d 200 millones
La cúpula de IMPSA admite que necesita capitalizarse para crecer y, sobre todo, volver a exportar proyectos como en "los viejos buenos tiempos". Mantiene en la gatera cotizaciones para el Ejército de EEUU, Brasil y Paquistán, entre otros mercados y avanzar depende de contar con más respaldo.
Al margen del resultado final, fortalecer la pata estatal en el holding sería el tercer paso del Plan de Recomposición de Estructura de Capital lanzado en 2020, que significó el desembarco de algunos bancos (además de los nombrados, el Bandes brasilero y el EDB de Canadá), como parte del 65%.
Es consecuencia del APE (Acuerdo Preventivo Extrajudicial) que a su vez significó resolver el "default" en el que había caído en 2014 a raíz de una deuda de más de u$d 1.200 millones, que hoy se ubica en alrededor del 50%. En el medio hubo una venta frustrada de la compañía y un primer "reperfilamiento" de la deuda.
Con todo, la reestructuración terminó de completarse en noviembre, mientras que en diciembre el ministro Kulfas aprobó la entrada de IMPSA al programa PAEERP de asistencia a empresas estratégicas que exportan alta tecnología.
Ahora, la multinacional mendocina también busca emitir una nueva serie de ON (Obligaciones Negociables) por u$d 200 millones de dólares para "reperfilar" parte de su pasivo hasta 2025 con sus ex acreedores y actuales dueños. Con ese fin, el directorio también aguarda que la Asamblea le delegue las "más amplias facultades para determinar términos y condiciones", como cuándo salir al mercado, monto, plazo y forma de colocación.
