Los cambios que la Legislatura sancionó para el Tribunal de Cuentas

Algunos de los puntos más importantes de la ley, son:

• Oralidad: se incorpora el principio de "verdad material objetiva", que habilita a los miembros del Tribunal, en cualquier estado del proceso y como medida de mejor proveer, a citar al cuentadante a fin de que brinde las explicaciones necesarias relativas a las observaciones que pudieran surgir del análisis de su actividad y/o su relación con el Estado. También, el "derecho a ser oído", mediante el cual, el cuentadante o responsable al momento de contestar los reparos puede solicitar hacerlo de manera informada, esto es, sin suplir su obligación de rendir cuenta documentada, puede solicitar una audiencia para brindar las explicaciones que estime pertinentes y que, en definitiva, pueden redundar en un fallo más justo.
• Un vocal letrado: se propone que al menos un vocal podrá ser letrado, "teniendo en cuenta que el control que ejerce el Tribunal de Cuentas" es de "legalidad en la ejecución presupuestaria".
• Vías recursivas propias: incorpora la posibilidad de someter a revisión interna el Fallo, en virtud de circunstancias excepcionales y taxativas que la ley enuncia a través del "Recurso de Revisión". Se recepta el "Recurso de Aclaratoria" en el ámbito del Tribunal con características similares al previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo. En los fundamentos, se explica que desde la óptica de revisión judicial, "se ajusta al nuevo Código Procesal Civil de la provincia en relación al Recurso extraordinario provincial. En consonancia con la parte final del artículo 182º de la Constitución provincial y de acuerdo a lo previsto en el actual artículo 51 de la ley 1003, se le da contenido al "Recurso Contencioso Administrativo" ante la Suprema Corte de Justicia".
  Se trata de un recurso que respeta las facultades técnicas constitucionales del Tribunal de Cuentas como único Órgano con Jurisdicción "para expedirse sobre la valoración de los comprobantes aportados por el recurrente, teniendo en cuenta el principio documental de la rendición".

• Principio de Independencia: es "la condición básica para el ejercicio de la función de control". Comprende, de acuerdo al texto legislativo, la "independencia del propio ente de control externo (funcional, organizativa y financiera)", y "la independencia de sus miembros y funcionarios".
  "Para el cumplimiento eficaz de sus funciones, el ente de control externo debe ser independiente del controlado y preservado de influencias externas. La designación y sustitución de los miembros del ente de control, debe garantizar la independencia de los mismos, del órgano controlado y de toda influencia, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 185 de la Constitución Provincial. La independencia financiera requiere que se pongan a disposición del ente de control externo, los medios financieros necesarios para el cumplimiento de sus funciones, lo que abarca la facultad de solicitar directamente su presupuesto y administrar el mismo, bajo su propia responsabilidad", subraya el articulado.
  

• Jefe administrativo: se deja establecido que el Presidente del Tribunal es el "jefe administrativo de la institución", que tendrá entre otras funciones, elaborar el presupuesto anual de gastos de la Institución, que una vez aprobado por el Tribunal deberá ser elevarlo a su consideración en la Ley anual de Presupuesto. En tanto el Tribunal, tendrá competencia reglamentaria para, entre otros aspectos, aprobar el Presupuesto de gastos anuales elevados por el Presidente para su funcionamiento.
• Intereses: en relación al interés a aplicar a los cuentadantes, dispone que será el que cobre el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones activas, sobre los caudales que se hubiese omitido depositar o entregar en tiempo, "ello, sin perjuicio de las acciones y penalidades que correspondan por la retención indebida de esos fondos. Igual interés se aplicará a los responsables a quienes se les formule cargo".