El asesinato de Paula Toledo, ocurrido hace 17 años en San Rafael, tendrá su tercer juicio este mismo mes, al acelerarse los pasos por orden de la Corte. Al mismo tiempo, pero en el fuero civil, tras el hallazgo por parte de Televisión Andina de un video de la autopsia, la familia entabló una demanda contra el Estado provincial por daños y denegación de justicia.
En cuanto al juicio penal, finalmente se hará contra Marcos Graín solamente, porque es el único de los acusados que era mayor de edad al momento del crimen; los menores fueron alcanzados por el beneficio de la prescripción de la acción penal.
La situación de estos últimos se vio favorecida por el fallo del máximo tribunal penal que le negó al Ministerio Público Fiscal la intención de cambiar la carátula. El jefe de fiscales en el sur provincial, Pablo Peñasco reclamaba que se considerara el caso como homicidio criminis causa, y no como abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte.
La acusación que imperó tiene menos años de cárcel y, por ende, menos años para continuar el proceso penal, especialmente en caso de ser menores de edad los imputados.
La Corte, sin embargo, pidió acelerar los pasos del tercer juicio, y así lo hizo el juez Néstor Murcia, quien convocó a audiencia preliminar a las partes, para este viernes a las 10 de la mañana.
En tanto, el abogado Guillermo Rubio en representación de la mamá y los hermanos de la víctima, entabló una demanda civil contra la Provincia, como "un preludio de lo que haremos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al entender que se han vulnerado numerosos derechos tanto de la víctima como de la familia".
"Entendemos que esta situación debe ser adecuadamente reparada", explicó sobre la presentación civil, tendiente a un reclamo económico por el daño sufrido por Nuri Ribotta y sus hijos.
"Nosotros vemos en esta causa una primer pérdida de custodia ya desde el comienzo. Por ejemplo, la prensa, llega al lugar donde encontraron el cuerpo de Paula y accede, por ejemplo el periodista Osvaldo Barroso, al lado de la víctima; es decir, no había una preservación del lugar", detalló a la hora de remarcar una serie de desaciertos de funcionarios estatales del ámbito de seguridad y judiciales.
"No se levantaron ni las colillas de cigarros halladas en la escena del crimen; cabe recordar que Paula fue torturada antes de ser asesinada; tenía en la superficie de su cuerpo, quemaduras de cigarrillos. Esa situación habría direccionado la investigación en base al ADN que queda en esas colillas que no se levantaron", sumó.
"Tampoco se hizo el levantamiento de muestras del lago hemático en el lugar donde la mataron.
Con posterioridad a esto, se hace la autopsia de Paula con horrores, tales como producir el lavado del cuerpo antes de hacer la necropsia, con lo que se perdieron indicios de ADN que podrían haber sindicado claramente a quiénes fueron lo sautores de este femicidio", dijo Rubio en una entrevista con Medios Andinos.
Repasó que "tenemos una intervención del Cuerpo Médico Forense tan atroz, que en las declaraciones de entonces del profesional, llegó a decir que no se observaban espermatozoides a simple vista; una cosa de no creer".
En ese sentido, dijo que alcanza un valor trascendente el video de la autopsia de Paula Toledo, hallado por la producción del programa Curiosos del Poder, y que los jueces tuvieron a su disposición durante más de 16 años, sin que nadie abriera siquiera el sobre que lo contenía y que estaba en la caja de secuestros del caso.
"La trascendencia, la importancia de la autopsia es que revela una de las manipulaciones más perjudiciales, donde podemos encontrar y ver cómo es maltratado el cuerpo de Paula y destruido el plexo probatorio que podría haber derivado en una intervención concreta y seria en esta causa", dijo Rubio.
También recordó otras situaciones inentendibles en el accionar de los funcionarios mendocinos, como por ejemplo "la pérdida de la ropa de Paula, que la justicia tenía en su poder y la donaron a una institución religiosa; de manera que esas prendas no se pudieron terminar de peritar".
"Tampoco se pudo peritar tampoco con una botella que tenía manchas hemáticas y se había preservado, dado que fue remitida a Mendoza para este fin, en una encomienda que nadie fue a retirar y terminó descartada por la empresa de transporte".
"Nosotros hemos planteado un retardo de justicia, que es una falta de acceso a la justicia. En esta situación le hemos corrido traslado de la demanda al Estado", concluyó el abogado.
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