Rodear al Presidente de la Nación en la Quinta de Olivos con móviles policiales y armas, es un hecho de gravedad institucional inusitado, inadmisible y digno de sanciones contundentes.
15 de noviembre de 2026
Rodear al Presidente de la Nación en la Quinta de Olivos con móviles policiales y armas, es un hecho de gravedad institucional inusitado, inadmisible y digno de sanciones contundentes.
No es una negociación ponerse delante de la residencia de la máxima autoridad nacional con una actitud intimidante por el solo hecho de que quienes reclamaban lo hacían munidos de armas del Estado. Tampoco es una simple manifestación ir a la casa del funcionario en patrulleros.
Lo sucedido en la jornada de ayer se enmarcará en uno de los cuadros más deplorables de la vida democrática argentina por varias razones.
Entre ellas, el hecho de que se trataba de un reclamo de funcionarios policiales de la Provincia de Buenos Aires, donde la máxima autoridad estatal es el Gobernador, no el Presidente de la Nación Argentina.
Además, por el hecho de que ser policías, son conocedores de lo que representa colocarse en actitud de protesta "reforzados" con un arma de fuego. La intimidación alcanza ribetes de magnitud cuando se trata de una multitud de uniformados armados.
El derecho a la huelga o a exigir el cumplimiento de mejoras de carácter laboral no tiene en ningún oficio o profesión, la posibilidad siquiera de hacerse desde una posición intimidatoria como lo es estar armado.
Llevar un arma en la cintura es para un policía no un privilegio sino una responsabilidad.
Cabe, entonces, la correspondiente acción disciplinaria contra quienes deshonraron su uniforme, se valieron de las herramientas estatales puestas a su disposición para la protección de los ciudadanos, y sin tapujos las usaron para una manifestación de características propias de un apriete institucional.
No se trata aquí de cuestionar, bajo ningún punto de vista, la legitimidad del reclamo, máxime considerando que, a modo de ejemplo, perciben menos de la mitad de lo que ganan los uniformados de la Ciudad de Buenos Aires.
No puede mancillarse la institución y muchos menos la valentía de más de 90.000 policías bonaerenses que arriesgan su vida cotidianamente, por el hecho de que menos del 2% de la fuerza haya tomado el camino equivocado para sus exigencias.
Sin embargo, la mejor forma de honrar el sano cumplimiento del deber que tuvieron quienes no acompañaron a la horda imberbe de uniformados irresponsables, es sancionar a estos como corresponde, con el máximo rigor, como la exoneración de la fuerza policial.
Por otra parte, se evidenció que ni el pueblo argentino ni sus representantes aceptan este tipo de acciones coercitivas irracionales, peligrosas e inaceptables. El arco político oficialista y opositor se unieron en el reproche a la temeraria actitud de ese grupo de uniformados.
El cumplimiento del deber es lo que se insufla en el pecho de los valientes policías de todo el país. Es su condición sine qua non para desempeñar la tarea de vigilancia del cumplimiento de la ley por parte de todos los ciudadanos.
En consecuencia, acciones sediciosas como las de estas últimas horas, en un país orgulloso de más de casi 4 décadas ininterrumpidas de democracia, merecen el más enérgico repudio nacional y, en tal sentido, en carácter editorial de MEDIOS ANDINOS.
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