La propuesta que contempla una tarifa diferenciada del gas natural en Mendoza podría efectivizarse en el corto plazo, a través de un proyecto de ley que trabajan congresistas provinciales, que cuenta con el aval de la Nación.
La propuesta que contempla una tarifa diferenciada del gas natural en Mendoza podría efectivizarse en el corto plazo, a través de un proyecto de ley que trabajan congresistas provinciales, que cuenta con el aval de la Nación.
En una reunión con diputados nacionales de distintos espacios -entre ellos los mendocinos José Luis Ramón (Unidad Federal) y Marisa Uceda (Frente de Todos)-, el titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, instó a que se consensúe una norma que incorpore a los municipios y provincias que requieran un valor del servicio menor al del resto del país.
Para ello, se deberá tener en cuenta no sólo las cuestiones climáticas, sino además aspectos sociales, tales como las diferencias en la capacidad económica de los usuarios de una región específica, así como también si forman parte de sectores vulnerables.
"Lo más importante es que se pone el foco en invertir la visión sobre los servicios públicos: que se elimine el concepto de bien de mercado' y de una vez por todas se entienda como un bien común de todos los argentinos", señaló Ramón en diálogo con Sitio Andino.
En ese sentido, el legislador planteó que "la economía de mercado debe tener un límite en la capacidad de crecimiento, que es el bienestar general de las personas; y ahí es cuando el Estado debe interceder en beneficio de la población".
El borrador que ya comenzó a trabajarse en comisiones junto al equipo técnico del Enargas, prevé la modificación del artículo 75 de la Ley 25.565, que establece una tarifa diferencial para la región patagónica, La Pampa, la Puna y el departamento de Malargüe. Se busca que se incorpore a esas zonas a toda la provincia de Mendoza, localidades del sur de San Juan y algunos municipios de Buenos Aires.
El subsidio a las zonas alcanzadas se sostiene a través de un Fondo Fiduciario, que se compone por un porcentaje de la boleta que abonan los usuarios y por un aporte del tesoro nacional. Según Ramón, la incidencia de la incorporación de Mendoza representaría un 4,5% adicional del fideicomiso.
En cuanto a la propuesta de Bernal de considerar también los ingresos de los habitantes de cada lugar a la hora de aplicar el precio diferenciado, el representante de la ONG Protectora destacó que se ampliaría el concepto de "tarifa social", pero "con un criterio distinto al de la gestión macrista, sino que apunte a la protección del interés económico del usuario".