El Senado provincial avanzó en las últimas semanas con el tratamiento de un proyecto de Ley para modificar la norma nº 8284, la cual creó la Comisión Provincial de prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, y desató los cuestionamientos de los organismos de derechos humanos.
La polémica surgió ya que la iniciativa oficialista elimina el concurso público con el que actualmente se elige al Procurador de las Personas Privadas de Libertad. Así, si el expediente logra cambiar la ley vigente, el próximo "defensor del preso" podrá llegar a su cargo solo con el acuerdo del Senado tras el envío del pliego por parte del Ejecutivo.
Junto a esto, se compacta la conformación del Comité, con mucha menor presencia de las organizaciones no gubernamentales. En concreto, se pasa de una composición de hasta 12 integrantes a un cuerpo de cuatro representantes, de los cuales solo uno o una podrán ser de ONGs.
Asimismo, se traslada a la Comisión desde la Primera Circunscripción Judicial hacia el ámbito de la Cámara Alta de la Legislatura, por lo que dependerá de la Vicegobernación.
La agilización de la discusión sobre este proyecto generó el pronunciamiento de varios organismos de derechos humanos de la provincia, como el rechazo de Xumek, en el cual se destaca que la creación de la Comisión formó parte de un "acuerdo de solución amistosa" del Estado Nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso "Internos de las Penitenciarías de Mendoza vs. Argentina". En ese fallo, fueron condenados seis ex agentes penitenciarios a diez años de prisión por torturas a personas privadas de la libertad.
De hecho, el Comité Nacional Para la Prevención de la Tortura también criticó la iniciativa y envió una nota a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado. En la misma, se asegura que el proyecto "conspira contra los estándares de independencia, imparcialidad y autonomía funcional que reclama el Protocolo Facultativo de la ONU".
La propuesta fue una de las últimas que el ex gobernador Alfredo Cornejo remitió a la Legislatura, y días atrás recibió despacho favorable de la comisión de LAC de la Cámara Alta. De esta manera, ya está lista para ser debatida en el recinto.