Macri tiene tantas inseguridades políticas como familiares. Es la única manera de entender por qué tiene tantas causas por escuchas telefónicas que incluyen no sólo a sus adversarios políticos sino además, y lo que es casi patológico, a sus aliados (como el mendocino Ernesto Sanz) y familia.
La primera causa comenzó cuando desde un locutorio, un hombre de la Side, Hugo Alvarez, alias "Hugo Altamirano", el 22 de septiembre de 2009 llamó a la hija del líder de la comunidad judía Sergio Burstein, advirtiéndole que "el teléfono de tu viejo que termina en 3107 lo tiene pinchado el Fino Palacios".
Se podía sospechar que el llamado era algo serio porque Burstein había encabezado una movida en contra de Fino Palacios como jefe de Policía Metropolitana, ya que estaba sospechado de tener ciertas conexiones con el atentado terrorista a la mutual judía AMIA en 1994.
A Palacios lo nombró Macri cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.
La investigación judicial descubrió un segundo participante llamado Ciro James, que tenía un contrato en el Ministerio de Educación porteño y cierto interés en estar en la Policía de la Ciudad, cuando en realidad, ya tenía una participación en la operación como encargado de los casetes de las escuchas telefónicas.
Para dibujar una supuesta legalidad de las "pinchaduras", se encargaron de que las órdenes llegaran desde un par de jueces de ... Misiones: José Luis Rey y Horacio Gallardo. Claro que estos magistrados al tiempo fueron destituidos por prestarse a esta maniobra.
La causa desde el comienzo se vio vio que llegaría a proporciones judiciales y políticas mayúsculas porque desde el vamos el juez Norberto Oyarbide le dijo a Burstein: "Como viene la cosa, llegamos hasta Macri, no tengas ninguna duda. Éstos metieron una Side paralela en la Ciudad de Buenos Aires".
Lo llamativo era que el caso judicialmente demoraba por las idas y vueltas que surgía con las habituales apelaciones a tribunales superiores. Y en medio de esos recursos, apareció en escena un reputado operador judicial de Macri, que alcanzaría fama como presidente de Boca, Daniel Angelici, a cargo de la "mesa judicial" de Mauricio.
Según contó (y luego lo ratificó en sede judicial) el periodista Carlos Pagni, Angelici coimeó a uno de los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones, Eduardo Freiler, para evitar que la causa siguiera avanzando hasta Macri.
Y parece que le dieron plata a dos jueces, aunque uno decidió devolverla... pero el fallo a favor de Macri salió tal como lo esperaba.
Donde no pudo zafar Mauricio fue en el ámbito familiar. Porque la causa reveló que una de las "pinchaduras" incluyó el teléfono de Néstor Daniel Leonardo que no revestía interés ni político ni judicial.
Leonardo tiene como profesión y oficio auxiliar de enfermería y parapsicólogo; podría carecer de importancia sus movimientos, pero como está casado con Sandra Macri, hermana de Mauricio, adquiere una relevancia particular para la familia, parece ser.
"Creo, sin posibilidad de error, que el señor Franco Macri habló con Mauricio Macri para violar mi intimidad", declaró en la Justicia la sorprendida víctima del ex Presidente, quien reveló que hasta le ofrecieron dinero para que dejara a su mujer.
Ergo, es imposible pensar que este parapsicólogo pudiera haber sido una personalidad de interés del Fino Palacios, y mucho menos su situación marital. Claramente, entonces, no se entiende por qué la Justicia dejó a mitad de camino la más que evidente participación de Macri en esta asociación ilícita.
Ahora bien, si ese expediente hubiese sido cerrado de manera espuria, se podría considerar que estamos ante lo que se conoce como "cosa juzgada írrita".
Sospechas firmes, hay. Porque llamativamente luego de estar procesado durante tanto tiempo, apenas asumió la Presidencia de la Nación, su mesa judicial le dio la buena noticia el 14 de junio de 2016, que lo sobreseían.
Es decir, lo que no logró en 6 años, lo obtuvo en seis meses de Jefe de Estado.
Lo dicho, entonces: es muy posible que en los próximos días, habida cuenta de que ya Macri no es el más poderoso del Estado argentino, alguien plantee una acción de nulidad por cosa juzgada írrita. Esto es un proceso judicial que busca quitarles el efecto de sentencia firme a un fallo, cuando se descubre que ha ido en contra de premisas constitucionales.
En el medio de estas revisiones y proyecciones, bien cabe recordar lo que el propio Macri le dijo a una periodista: "En este país todo el mundo escucha, no es grave porque es un delito no carcelable".