El próximo martes la cámara de Senadores tratará el proyecto de ley impulsado por Marcelo Rubio (UCR), mediante el que se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia a destinar la masa de dinero proveniente de depósitos judiciales a operaciones que devenguen intereses, asegurando de esta manera el capital invertido. La iniciativa ya tenía media sanción del Senado, pasó a Diputados donde le realizaron algunas modificaciones y ahora volverá a la Cámara Alta con todas las fichas puestas para que resulte aprobado.
"En el Poder Judicial en todas las causas, en todos los litigios y en todos los foros se manejan depósitos judiciales en aquellas causas en las que justamente se produce un fondo. Ese dinero queda depositado sin generar ningún tipo de rentabilidad que pueda utilizarse por la Justicia par otro tipo de inversiones", había explicado Rubio a Sitio Andino cuando su proyecto obtuvo la media sanción.
El proyecto original tuvo una serie de modificaciones en Diputados. Se dispuso que la renta que se obtenga de las operaciones financieras ingresará como un recurso afectado al Poder Judicial.
"Disponer como un recurso afectado al Poder Judicial a las sumas de dinero que, en concepto de depósitos judiciales, obran en cuentas bancarias que no han tenido movimiento por más de dos (2) años con exclusión de los que correspondan a menores e incapaces", dice el texto aprobado en Diputados.
Asimismo, establece que la Suprema Corte de Justicia deberá poner a disposición los depósitos judiciales cuando sea ordenado por el Magistrado competente, y que los recursos afectados por esta normativa, serán destinados en un 65% a la infraestructura edilicia y tecnológica de la Suprema Corte de Justicia, el 30% para la modernización y mantenimiento de los Laboratorios del Cuerpo Médico Forense, Morgue Judicial, Laboratorio de Genética, Unidad de Apoyo a la Investigación Fiscal (UDAPIF) y demás inversiones en infraestructura del Ministerio Público Fiscal y el 5% restante, para el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, debiendo destinarse en la medida de las necesidades y objetivos proyectados, en forma equitativa entre las cuatro Circunscripciones Judiciales de la Provincia de Mendoza.
Se faculta a la Suprema Corte de Justicia a constituir fideicomiso financiero para la administración de estos fondos y conforme a los procedimientos de la Ley de Administración Financiera adquirir los servicios financieros más convenientes.
Según explicó el diputado Adrián Reche (UCR), "son depósitos paralizados, no están afectados a ningún interés público y cuyo producido irá a inversión para infraestructura y tecnología del Poder Judicial, no para gasto corriente. Además, estará sometido a todos los controles pertinentes como la Ley de Responsabilidad Financiera, el Tribunal de cuentas, etc.".
Por su parte, Mario Vadillo (Protectora), sostuvo que "es una herramienta para el Poder Judicial que le permitirá mejorar en tecnología". En igual sentido se expresaron Gustavo Cairo (PRO), quien adelantó el voto favorable tras aseverar que se trata de una forma de "preservar estos capitales que por las características de la economía argentina hace que se vayan perdiendo", y Josefina Canale (PDP), quien ponderó que "la justicia pueda disponer de estos fondos y dar libertad a la justicia respecto de qué agente financiero lo va a realizar".
