El gobernador Rodolfo Suarez envió un proyecto de ley a la Legislatura proponiendo una modificación a la Ley 9201 que regula el funcionamiento de los jardines maternales privados en la provincia.
El gobernador Rodolfo Suarez envió un proyecto de ley a la Legislatura proponiendo una modificación a la Ley 9201 que regula el funcionamiento de los jardines maternales privados en la provincia.
La norma entró en vigencia a finales del 2019 y establecía un plazo de 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial para que las instituciones se adecuaran a las nuevas exigencias. No obstante, ahora el Gobierno de Mendoza propone extender ese plazo, que vencía esta semana, a dos años para que todos los establecimientos estén en regla.
La iniciativa fue impulsada por los legisladores Carlos Bianchinelli, Cecilia Rodríguez y Tamara Salomón y establece la regulación del funcionamiento de las Instituciones de Atención Temprana Privadas y/o Jardines Maternales Privados para que pasen a estar bajo el control de la Dirección General de Escuelas.
En concreto, la Ley establece que los docentes que trabajen en estas instituciones deben tener un título habilitante y regula la cantidad de profesionales por niño que debe haber.
Por otro lado crea un Registro Único de Instituciones Privadas de Educación Maternal y/o Atención Temprana de la Provincia de Mendoza, que funcionará en la órbita de la DGE. Asimismo fija una serie de obligaciones para que cumplan los dueños de establecimientos y sus empleados.
Al momento de entrar en vigencia, la medida había despertado críticas de muchos dueños de jardines maternales que se quejaban por los costos que implicaban las nuevas exigencias y el poco tiempo para ponerlas en marcha.
La normativa apareció publicada del 10 de diciembre de 2019 y en uno de sus artículos establecía que las instituciones tenían un plazo de 90 días para adecuarse a los nuevos requisitos. Ese periodo se cumplía esta semana pero desde el Ejecutivo decidieron prorrogar la adecuación hasta finales del 2021 y presentaron un proyecto para modificar la ley.
Entre los fundamentos de la reforma, el gobernador Suarez expone que "resulta necesaria sobre la base de los principios de razonabilidad, buena administración y la no afectación del servicio educativo intertanto se sustancia el procedimiento de readecuación establecido en la normativa".
Es así que la nueva redacción de la norma determinará que los establecimientos "contarán con un plazo máximo de 2 años, a contar desde la publicación en el boletín oficial, para adecuarse a sus exigencias, a fin de poder continuar sus actividades".
El texto del proyecto de reforma:

