Dar un paso atrás. Eso es lo que sucedió hoy luego de que el gobernador, Rodolfo Suarez, tomara la decisión de frenar el avance de la ley 9209 -que modificó la ley antiminera 7722- y que habilitaba la actividad minera en la provincia. El Gobierno cedió ante los avances de una minoría violenta y desinformada.
Resulta absurdo encontrarse frente a una decisión de este tipo, viniendo de quien debería defender la legalidad de la norma que fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras legislativas luego de un extenso debate previo en comisiones y en el mismo recinto el día de su sanción. Debate que tuvo un alto nivel de consenso entre el oficialismo y la principal fuerza opositora (Frente de Todos), que demostró que es posible lograr acuerdos para que prime el bien común, aún en las diferencias.
El gobernador debería tener el coraje de defender la legalidad y no tolerar la prepotencia y el autoritarismo de un sector minoritario que ha sembrado miedo para conseguir adeptos incautos que esgrimen argumentos absurdos para oponerse al desarrollo de la madre de todas las industrias. Cuestionar la minería hoy en Mendoza es lo mismo que cuestionar la electricidad en 1900. Absurdo. Dolorosamente absurdo.
Además, Suarez debería conocer que el artículo 41 de la Constitución Nacional tiene un mandato clarísimo: "Satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras". Primero hoy, luego mañana. Negar la minería, valiéndose de la falacia de que se pretende no contaminar, es detener el progreso y las posibilidades de miles de mendocinos que necesitan trabajar.
La ley 9209 tiene, incluso, estrictos controles a lo largo de todo el texto que garantizan el cuidado de un medio ambiente que es defendido por todos y no sólo por esta minoría abanderada del miedo. De hecho, la actividad minera es una industria que trabaja bajo normas internacionales y de altísima calidad en todo el mundo.
Negar la minería, es dejar sin posibilidades de empleo a miles de mendocinos que hoy se encuentran en condiciones de pobreza debido a que no hay una matriz productiva que genere fuentes laborales y de calidad para todos. La agricultura, el turismo y los servicios son insuficientes para contener a todos los mendocinos.
Negar la minería es detener el desarrollo de la madre de todas las industrias en aras de una perfección infalible imposible para cualquier actividad humana, es negar lo que es esencial en la naturaleza humana. Si se aplicara este mismo criterio, a la vista de todos los accidentes aéreos que se han producido, deberíamos combatir con mayor virulencia aún la aeronavegación. Así de absurdo es el planteo.
Con esta medida, el gobernador, incluso desconoce los principios fundamentales de la democracia. Suárez y su principal opositora, Anabel Fernández Sagasti dijeron permanentemente en sus campañas que iban a reactivar la minería. Los votó el 87% de los mendocinos y la ley tuvo un nivel de aprobación en ambas cámaras con una contundencia irrefutable. Desconocer eso es atentar claramente con la base más profunda de la democracia. Autoritarismo puro.
No es posible que una minoría que se vale de argumentos falaces y que intenta todo el tiempo imponer el miedo como arma de persuasión, pueda manejar el futuro de una provincia.
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