Acusaciones cruzadas

El senador Marcelo Romano denunció una persecución política por parte del Gobierno

En diálogo con Sitio Andino, Romano sostuvo que estos dos hechos están "teñidos de una oscuridad absoluta" y que la intención del gobierno es "dejar afuera a un senador que va a defender la 7722".

El desafuero

La fiscal Gabriela García Cobos pidió la semana pasada desaforar a Romano a raíz de una investigación por supuestas amenazas del senador para con un grupo de policías que detuvieron a su hija el día de las elecciones PASO, en agosto de este año.

Romano explicó que ese día hubo un llamado al 911 que alertó sobre una mujer que había salido en un auto Clio -como el de su hija- luego de una discusión con su marido y que se encontraba bajo un estado de emoción violenta.

"Yo me los cruzo al azar y me bajo porque reconozco que era el auto de mi hija, jamás le dije a ninguno de los policías nada, y además tengo testigos, la persona que venía manejando la camioneta que venía conmigo es uno. Les pregunté qué pasaba y se dieron cuenta de que habían metido la pata y que no era mi hija a la que tenían que detener, yo lo único que hice fue mandarle un mensaje al ministro Venier diciéndole que era un despropósito mandarle 6 patrulleros a una chica de 20 años sin importar que fuera mi hija o cualquier otra persona", explicó Romano. Afirmó que es mentira que amenazó a los policías diciéndoles que iban a perder su trabajo.

El senador apuntó contra la fiscal que lleva adelante esta investigación. "Cuando fui a defenderme la fiscal Gabriela García Cobos recibe mi defensa a las 11.16 y a las 13.31, el fiscal Darío Tagua la había rechazado sin haber visto ninguna de las pruebas que yo pedí, aduciendo que el desafuero ya estaba pedido", contó Romano.

Dijo que "están demostrados los nexos entre la fiscal García Cobos y funcionarios del Gobierno". "En el casamiento de García Cobos uno de los invitados que sale en las fotos es Natalio Mema. El accionar de la fiscal está direccionado por esta relación que tienen de amistad entre funcionarios del gobierno, sobre todo Mema", lanzó Romano.

Recordó que él denunció a Mema -secretario de Servicios Públicos- en el recinto por la revisión técnica obligatoria.

"Todo esto que yo hice como opositor termina desembocando en el desafuero y cesantía. Está directamente relacionado a mi oposición a la modificación de la 7722, quieren que el senador que va a defender el agua en el recinto no esté en el recinto", alegó.

La cesantía

Este jueves el gobernador, Alfredo Cornejo, dejó cesante a Romano por un cargo que tenía en la planta permanente del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, del que tenía reserva de empleo ya que posteriormente accedió a un cargo de mayor jerarquía en la Cámara de Senadores de la Nación, también en planta permanente.

"Irregularidad sería que yo hubiera cobrado dos sueldos que nunca cobré porque el ordenamiento legal vigente habla de dos cargos rentados y yo nunca tuve dos cargos rentados, en mi caso siempre hubo uno y me cuidé muchísimo de que no hubieran dos, de no constituir ninguna irregularidad. Yo renuncié a ese cargo y ellos se agarraron de eso para ver cómo podían complicar la situación. Ellos no te dejan renunciar ni te dejan defender", sostuvo Romano.

Este lunes a las 10 de la mañana el senador fue citado a exponer su situación ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara Alta mendocina, desde ahí se tomará la decisión sobre si tratar o no el desafuero luego en el recinto. "No necesitan los dos tercios para sacarme los fueros o suspendeme, necesitan la mitad más 1 y lo tienen", contó Romano.

La defensa

Carlos Moyano, abogado de Marcelo Romano, contó que ya presentaron una denuncia contra la fiscal García Cobos por falsedad ideológica. "Ha insertado falsedades ideológicas dentro del expediente que no coinciden con la realidad para el pedido de desafuero. Está hecha la denuncia en delitos no especializados", comentó.

El abogado contó que pedirá la versión taquigráfica de esa reunión y que se registre el audio, para tener constancia de lo que suceda.

Sobre la cesantía, Moyano contó que su cliente presentó la renuncia al cargo de la provincia pero que no se la aceptaron para poder cesantearlo. "Hoy lo tenemos al gobernador que es gobernador y diputado nacional que tiene los dos cargos y es el que firma la cesantía y nadie dice nada. En el tema político siempre hay estas superposiciones", opinó.

"El único delito que hay es el de los policías, que deberían haberlos denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ellos dicen que se van porque se sintieron amenazadas, les tendrían que haber hecho un sumario en la Inspección General de Seguridad", explicó.


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