Luego de que el oficialismo lograra en el Congreso obtener dictamen para tratar el proyecto de ley que busca que las y los condenados por corrupción no puedan presentarse a elecciones, en Mendoza se impulsa una iniciativa similar.
La propuesta, conocida como "Ficha Limpia", avanzó en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados. En el texto acordado, se estableció que quienes tengan condenas de segunda instancia por cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, fraude, traición, entre otros; no podrán ser candidatos.
Ahora, la diputada radical José María Sanz presentó en la Legislatura local una norma que va en el mismo sentido. En concreto, el proyecto agrega los incisos 3 y 4 al artículo 37 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, el cual determina las prohibiciones para postularse.
Así, se detalla, por un lado, que no podrán aspirar a cargos públicos las y los sentenciados por genocidio o crímenes de lesa humanidad "aun cuando la resolución judicial no fuere susceptible de ejecución".
También se agrega que tampoco podrán participar de listas "las personas condenadas (por hechos de corrupción) aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por un plazo de ocho años después del cumplimiento de la pena".
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