En Mendoza la litigiosidad bajó un 54,3%, desde la implementación de la Ley 27,348. Así lo reflejan los datos del último trimestre de 2018 en relación al mismo período de 2017 del Departamento de Estudios Estadísticos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
Con la adhesión de la provincia en noviembre de 2017 a la Ley Complementaria de Riesgos del Trabajo, se logró que los juicios por accidentes laborales y enfermedades profesionales pasen de 8.843 a 4.045. El estudio de la SRT expone que a nivel nacional los juicios bajaron un 40%, y que en aquellas provincias que adhirieron a la nueva Ley de riesgos del Trabajo, la litigiosidad descendió en forma sistemática. Son los casos de Córdoba -74%; Ciudad de Buenos Aires, -63,7%, y provincia de Buenos Aires -16,7% de nuevos expedientes.
El estudio señala además, que en el 4to trimestre (octubre-diciembre 2017 contra octubre-diciembre 2018) la provincia también registró un 59,3% menos de expedientes, por lo cual mantiene la tendencia hacia la baja alcanzada desde hace meses.
Asimismo, ese distrito registró un descenso en el valor promedio de la alícuota que deben abonar los empleadores para la cobertura del sistema de riesgos del trabajo, que mientras que en el 2017 se ubicaba en 4,06% en enero de 2019 pasó a tener un valor del 3,37%.
El promedio de alícuota según las provincias, muestra los siguientes indicadores: CABA 2,16%, Buenos Aires 3,32%, Mendoza 3,37%, Córdoba 3,42% y Santa Fe 4,06%. Esta última, cabe destacar, aún no se adhirió a la nueva ley de riesgos del trabajo.
En cuanto a la cantidad de trámites ingresados al servicio de Homologación bajo la ley 27.348, se registró un 81,27% de acuerdos homologados. Es decir que de un total de 3.224 trámites, 2.620 finalizan con una disposición de homologación, lo que permite que el trabajador acceda de manera más rápida e inmediata a su correspondiente resarcimiento económico producto de una contingencia laboral.
Cabe mencionar que Mendoza, fue la tercera provincia en adherir a la ley de riesgos del trabajo. Dicha adhesión implica que las comisiones médicas constituyen la instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente a la que debe acudir un trabajador en caso de una discrepancia con la ART en cuanto a la naturaleza de una contingencia o a la determinación de la incapacidad.