Causa Tupac: relevan las casas para definir la responsabilidad de funcionarios

La inspección comenzó en el proyecto Villa Tulumaya Dúo, ubicado en la Ruta Provincial 34, donde estaba planeada la construcción de 250 viviendas y luego se seguirá con el resto de las casi 600 viviendas que la Tupac debía construir en Lavalle. Posteriormente será el turno de los otros municipios. En total, se calcula que la organización recibió unos $ 80 millones de pesos de fondos nacionales para edificar unas 1000 casas en toda la provincia.

"Estamos tratando de establecer el estado de las obras, cómo han sido entregadas, para después compararlo con los expedientes administrativos sobre los avances de obras y ver toda la maniobra de fraude, de acuerdo a la hipótesis de la fiscalía", indicó la fiscal.

Para esta tarea se reunió a un grupo de técnicos, ingenieros y arquitectos que se encargarán de elaborar un estudio de lo se debió haber hecho en relación al avance financiero declarado de cada una de las obras y lo que realmente está hecho, ya que la gran mayoría quedó a medio construir. Asimismo, también hacer un relevamiento acerca de la calidad de la construcción, los materiales utilizados y cómo terminaron quedando los trabajos.

La inspección en Lavalle demorará entre tres y cuatro meses, indicaron desde este equipo, y adelantaron que hay viviendas con distintos grados de avance de ejecución, por lo que luego de terminado el relevamiento se hará una pericia contable para definir cuál ha sido el perjuicio al Estado.

La operativa de la Tupac y las posibles responsabilidades de funcionarios

Esta causa por fraude a la administración pública se desprende de la de asociación ilícita que la fiscal Chaves inició contra los líderes de la Tupac Amaru de Mendoza, Nélida Rojas, su esposo, Ramón Martínez, y sus hijos. En este caso la investigación de la magistrada apunta a la responsabilidad de los dirigentes de la organización y también a los funcionarios del IPV y del municipio que debían controlar que las obras avanzaran y que los fondos se usaran correctamente.

La hipótesis de la fiscalía es que Rojas y su familia creaban cooperativas falsas para recibir los fondos provenientes del Plan Federal de Integración Sociocomunitaria y obligaban a gente a trabajar para construir las viviendas, les cobraban y también los obligaban a participar de marchas de la Tupac.

"Las cooperativas eran inexistentes, eran una desnaturalización de la persona jurídica de una cooperativa de trabajo para poder acceder a los fondos y al plan, pero en realidad no existían los cooperativistas. Es un fraude porque el programa no era solamente construir vivienda social, era también generar trabajo genuino, por eso se hacía a través de una cooperativa de trabajo", señaló la fiscal, quien también sospecha que el Estado era conocedor de esta operativa.

"Todavía no hay imputados en esta causa. Necesitamos establecer las responsabilidades de cada uno de los funcionarios que intervinieron en la ejecución de estas obras", sostuvo Chaves.

En este sentido explicó que los fondos provenían del Ministerio de Planificación e Infraestructura de la Nación, a través de la Secretaria de Vivienda, pero que se entregaban a la Provincia y llegaban al IPV, que era el ente ejecutor provincial que se tenía que encargar de controlar la ejecución de estas obras. Y por otro lado, había un ente ejecutor municipal.

"Entonces el desembolso iba al IPV, de ahí al municipio que era el que contrataba a las cooperativas de trabajo, el vínculo con las cooperativas no lo tenía el IPV sino que lo tenía el municipio. Tanto el municipio como el IPV tenían que hacer las certificaciones de obras. Ambos tenían un ente ejecutor, cada uno de ellos, para controlar no solamente las obras sino la aplicación del dinero y los retornos que tenían que hacerles a los cooperativistas, o sea el sueldo que les tenían que pagar. Y, por otro lado, la parte social para poder individualizar a los beneficiarios de acuerdo a las características socioeconómicas de cada familia que postulaba para ser beneficiaria de estas casas", aclaró.

Si bien la magistrada fue prudente y no precisó nombres, la investigación apunta al rol que tuvieron, además de Rojas, los directivos del IPV y a las autoridades del municipio, incluido probablemente el intendente Roberto Righi.

Fuentes ligadas a la investigación detallaron que no han encontrado los libros de obra de estos emprendimientos habitacionales, en donde quedan asentadas las inspecciones. Esto quiere decir que los maestros mayores de obra o ingenieros contratados por la cooperativa no los tenían y el ingeniero que pertenecía a la municipalidad y el del IPV debían controlarlo, pero no lo hicieron. Advirtieron que hay algunos proyectos que ni siquiera tienen planos o estudios de catastro.

De esta manera, gracias al relevamiento que comenzó este martes, la fiscalía podrá demostrar qué fue lo que se construyó y lo que quedó sin construir y quiénes eran los funcionarios que debían controlar. Así podrán determinar si se trató de un delito de fraude o de peculado.