Luego de que la Suprema Corte de Justicia anulara el fallo de la Octava Cámara del Crimen que liberaba a la líder de la agrupación Tupac Amaru, Nélida Rojas y algunos de sus familiares, desde la defensa aseguraron que se manipuló la conformación del máximo tribunal para la sentencia.
Originalmente, la Sala II que se encarga del fuero penal, está integrada por José Valerio, Omar Palermo y Mario Adaro. Este último se inhibió y Palermo, a mediados de año, tomó licencia por una capacitación en Alemania. Así, fueron reemplazados por Pedro Llorente y Julio Gómez.
Nélida Rojas. Foto: Cristian Lozano.
"Estamos analizando hacer la denuncia penal por prevaricato. Los implicados son Llorente y Valerio, los dos votos del fallo. Llorente había votado en el jury para destituir a la 8º Cámara, no podía integrar la Corte. Está todo armado, lo demoraron para que se fuera Palermo y no le dieron vista a la defensa", expresó a SITIO ANDINO el abogado Alfredo Guevara, quien representa a la Tupac.
Por otra parte, sostuvo que "desprecian las normas procesales y constitucionales" y avisó que esta no será una instancia definitiva para que el Ministerio Público Fiscal (MPF) avance con las detenciones. "Vamos a interponer un recurso, y si después está Palermo se tiene que incorporar a la sala. Si la fiscal (Gabriela) Chaves avanza en cometer un delito, tendremos que denunciar, y serán detenciones arbitrarias. Estamos hablando de prisión preventiva, y está claro que solo puede proceder en los casos de peligro de fuga y entorpecimiento del proceso. Hace un año y pico que (Rojas) está en libertad y no pasó nada", esgrimió.
Guevara fue más allá y expresó que en Mendoza "hay una situación de Estado de excepción", en tanto que aseguró que la decisión de la Suprema Corte "es el lanzamiento de la campaña electoral: punitivismo versus garantismo".
"Lo que dice el fallo es que los jueces no pueden controlar las detenciones del MPF. Piensan que la ley local está por encima de la Constitución Nacional y los tratados internacionales. El mensaje político es disciplinador hacia los jueces. La figura del juez siempre se puso como una salvaguarda. Esa orden del juez no puede ser destituida por la de un fiscal. Además, los actos de gobierno deben ser controlados, sobre todo una detención", manifestó.