El debate sobre el sistema de protección de derechos para niños, niñas y adolescentes en Mendoza comenzará a tener definiciones este miércoles cuando se trate en el recinto de Diputados el proyecto de ley sobre el "régimen jurídico" que reemplazará a la antigua Dinaf.
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La Legislatura avanzará mañana con los cambios en la Dinaf
La discusión comenzó originalmente en 2016, con una iniciativa presentada por el oficialismo que se trabajó en comisiones. Sin embargo, la misma no logró dictamen y quedó en el limbo legislativo.
Debido a estas dilaciones, la Subsecretaría de Desarrollo Social había adelantado algunos cambios estructurales: por ejemplo, descentralizó la Casa Cuna y creó una serie de microhogares para tener un "tratamiento más personalizado, profesional y con mejor profesionalización", según dijo en su momento el gobernador Alfredo Cornejo.
En la Asamblea Legislativa de este año, el primer mandatario se expresó sobre las modificaciones que preveía impulsar sobre este tema, y días después llegaron a la Legislatura diferentes normas en ese sentido. Así, aparecieron los proyectos del (ya aprobado) y el "Régimen Jurídico de Niños, Niñas y Adolescentes", que llegará con despacho de comisiones a la sesión de esta semana.
Las reformas que se establecerán (si es sancionada la ley) con esta propuesta son las siguientes:
- Los Centros de Desarrollo Infantil y Familiar (CDIyF) serán espacios de atención integral hasta los doce años.
- Los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) trabajarán con menores de hasta cuatro años. Garantizarán el crecimiento y desarrollo saludable de niños y niñas en situación de vulnerabilidad social.
- En lugar de los OAL, funcionarán los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), que estarán ubicados en cada departamento. Intervendrán en casos de maltrato, negligencia y abuso, adoptarán medidas de protección integral de derechos y medidas de protección excepcional de derechos, con control de la Justicia.
- La Dirección de Cuidados Alternativos (DCA) brindará alojamiento alternativo a las y los menores que se encuentren separados de sus familias por haberse tomado medidas de protección excepcional de derechos.