La Justicia civil, con la firma de Juan Pablo Santiago Civit, ratificó la clausura del Instituto Antonio Próvolo como establecimiento educativo.
La Justicia civil, con la firma de Juan Pablo Santiago Civit, ratificó la clausura del Instituto Antonio Próvolo como establecimiento educativo.
Lo hizo a través de un fallo ventilado hoy en el que rechazó una medida cautelar que habían presentado los docentes del instituto, alegando que al cerrar el establecimiento perdían su trabajo y quedaban sin oportunidades de conseguir otro empleo.
Sin embargo, el magistrado rechazó este planteo y ratificó la resolución Nº 93 del 2017 de la Dirección General de Escuelas, por la cual se suspendía la prestación de servicios educativos del instituto tras la grave denuncia sobre abusos sexuales en el interior del edificio.
Civit entendió que "no estaban dadas las condiciones para reabrir el establecimiento", según quedó asentado en sus fundamentos.
"Ordenar la reapertura del Instituto tal como ha sido solicitado, además de poner en eventual riesgo a los menores, podría claramente entorpecer la investigación penal que se está llevando a cabo", aclaró el juez.
La resolución antes mencionada fue publicada por la DGE en febrero de este año, tras los graves hechos que desencadenaron en una de las causas más resonantes de la actualidad.
Desde ese entonces, los 51 docentes que tenía el instituto intentaron dar vuelta esa decisión a través de una medida cautelar.
Representados por el abogado Germán Rico, alegaron que "los padres de los niños son conscientes que dichos delitos han sido cometidos por un cerrado número de personas y teniendo en cuenta que las violaciones se produjeron en los albergues que tenía el establecimiento y no en las aulas, talleres y demás lugares donde los docentes prestan sus servicios".
En ese sentido, los docentes destacaron que "aún luego de los hechos siniestros acaecidos, se han inscripto para el ciclo lectivo 2017 más del cincuenta por ciento de los alumnos que formaron la matrícula del año pasado".
En tanto que agregaron que la resolución de la DGE "lesiona derechos individuales y colectivos" de los docentes y que estos "quedarían sin su fuente de ingresos", sumado a que "la realidad demuestra que no existen en la actualidad otros colegios públicos o privados donde puedan seguir desempeñando sus actividades".
Por el contrario, la respuesta de la DGE fue durísima. Los representantes legales afirmaron que "existía una forma de organización institucional que facilitaba la dinámica del abuso infantil y juvenil".
Lo cierto es que tras el fallo de este jueves, el instituto seguirá cerrado. Si bien los docentes pueden apelar esta sentencia de primera instancia, fuentes judiciales afirmaron que "difícilmente" se pueda dar vuelta la decisión de este juzgado.
Cabe recordar que la causa penal avanza con seis imputados, entre ellas dos curas, un monaguillo y una monja. Los restantes son empleados de la institución. Todos están acusados por "abuso sexual con acceso carnal" y "corrupción de menores" -algunos como autores y otros como partícipes-.
Mirá el fallo completo:
Sentencia Por Próvolo by sitioandino on Scribd

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