La Legislatura ya discute en comisiones el proyecto de "Ley de Ética y Responsabilidad de la Función Pública", que tiene de base establecer la obligatoriedad de la presentación de declaraciones juradas por parte de los funcionarios y funcionarias. Además, la iniciativa conlleva sacar de la órbita de la Fiscalía de Estado al organismo que se encarga de controlar esto.
La vicegobernadora Laura Montero presentó el proyecto en mayo. Foto: Yemel Fil.
El texto, impulsado por el oficialismo, indica que desde el Gobernador, pasando por los policías que tengan rangos superiores a comisarios, hasta los directivos de las organizaciones en las que el Estado provincial tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias deberán dar muestra de su situación patrimonial dentro de los sesenta días hábiles a partir del momento en que asumieron.
Así, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (dirigida actualmente por Javier Fernández, ex fiscal de Estado subrogante) saldría de la estructura del ente que encabeza Fernando Simón. La misma sería vigilada por la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado.
El proyecto fue presentado en mayo por la vicegobernadora Laura Montero y en ese momento criticó el decreto que iba en este sentido y que fue publicado por el ex primer mandatario, Francisco Pérez. "Fue una trampa y está mal hecho", había asegurado.