Las negociaciones salariales de 2012 no serán un episodio más en saga inaugurada por el kirchnerismo desde su llegada al poder. Razones políticas y dificultades económicas anticipan discusiones muy complejas y un escenario latente de mayor conflictividad.
El quiebre en la relación entre Hugo Moyano y el Gobierno acota el margen de acción de la presidenta Cristina Fernández para intentar imponer un tope a los aumentos. A eso aspira el Ejecutivo, ante una posible desaceleración de la economía por efecto de la crisis internacional.
A pesar de las expresiones públicas de algunos funcionarios, en la Casa Rosada admiten la inviabilidad de un esquema sin piso ni techo en la nueva ronda de paritarias en una coyuntura económica que, aseguran, exige más que nunca la necesidad de contener expectativas y evitar desbordes que acentúen los coletazos de la crisis externa.
Varios colaboradores de la Presidenta reflotaron la idea de una concertación económica y social con empresarios y gremios o al menos la alternativa de acuerdos tripartitos sectoriales, destinados a consagrar incrementos salariales del 18%.
Los empresarios se entusiasmaron con esa alternativa y desde la UIA retomaron los contactos con sectores sindicales para preparar el terreno e impulsar el tan postergado diálogo social.
Sin embargo, con su pase a la ofensiva en la disputa con la Presidenta, Moyano se convirtió en el principal obstáculo para la estrategia compartida entre Gobierno y empresas. En las antípodas de la actitud que asumió en 2009, cuando frente a la crisis financiera fue la pieza clave para que el Ejecutivo asegurara un tope de 19% para los aumentos, el líder camionero planteo ahora condiciones virtualmente imposibles para aceptar algún esquema de contención salarial: exigió a los empresarios un congelamiento de precios y al Gobierno la eliminación del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias.
Corriendo por izquierda al discurso oficial, Moyano marcó así los límites de la negociación salarial y se aseguró cierto margen de libertad para la discusión de los aumentos. El que firme el tope, estará aceptando el ajuste, arguyen en su entorno.
Es que la consigna paritarias libres es más una apuesta política que económica para el líder sindical: su continuidad al frente de la CGT hasta mitad de año está condicionada a su pelea por perforar el techo oficial para los aumentos. Si lo consigue, estaría otra vez en carrera para disputar un nuevo mandato al frente de la central obrera.
En ese marco y sobre la base de sus estimaciones de una inflación del supermercado de 22% para 2012, los gremios aliados al camionero y hasta algunos de sus principales críticos internos proyectan que la recomposición salarial se ubicará entre 25% y 28%. Lo podrán dibujar como quieran, pero el número es ese, sostienen.
Dos antecedentes concretos dan cuenta sobre la factibilidad de ese escenario. El gremio de trabajadores bancarios firmó la semana pasada un acuerdo por una suma puente a cuenta de la paritaria -que se negociará en marzo- que representa un incremento de 24% sobre el sueldo inicial de la actividad.
En el sindicato aseguran que ese parámetro será el piso del reclamo con el que se sentarán a negociar con los bancos en tres meses. Quieren elevar la pauta en 2 o 3 puntos más. Por otro lado, el gremio de aceiteros, una de las actividades que mayor rentabilidad acumuló en los últimos años y donde el costo laboral representa solo el 5%, pidió elevar de $5.000 a $6.315 el salario mínimo, con un aumento del 26%.
Las pretensiones sindicales son perfectamente conocidas en la Casa Rosada, donde advierten que a diferencia de las negociaciones de los últimos años, la inminente ronda de paritarias será muy dura, compleja, conflictiva, en palabras de un importante funcionario gubernamental.
Gremios y empresas admiten que un escenario de mayor conflictividad es una preocupación concreta por la brecha entre el reclamo y la oferta de recomposición salarial y por la propia disputa política entre el Gobierno y Moyano y hacia el interior de la CGT.
Fuente: El Cronista
