"El fallo de la Corte le reconoce su jurisdicción al gobierno pero le advierte que se salteó un paso", aseveró Dante Sica, director de ABECEB quien aseguró que lo importante del fallo es su incidencia en un programa económico que "está muy justo, no tiene mucho margen de maniobra y cualquier error, genera un costo fiscal".
Al analizar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el aumento de las tarifas de gas, sostuvo que la decisión del máximo tribunal "le pone más presión al programa económico que el gobierno está liderando. En el corto plazo implica un nuevo desafío en el orden fiscal, pero lo sustancial es que genera ruido en la direccionalidad de las medidas y sobre todo en el proceso de búsqueda de inversiones que necesita la economía para crecer".
Si bien se esperaba que la Corte obligara al gobierno a realizar audiencias públicas, lo cierto es que "la medida constituye un revés político para el gobierno con impacto negativo sobre tres ejes centrales del programa económico: la baja del déficit fiscal vía reducción de subsidios, el estímulo a la inversión y la normalización de la política energética para generar oportunidades para un sector con elevada potencialidad", subrayó.
En el plano político esta decisión puede generar dudas sobre la capacidad del gobierno de llevar adelante su política de cambio estructural. Si los agentes perciben que el gobierno ve acotado su poder político, ello podría incidir negativamente en la inversión, lo cual es especialmente relevante ya que la apuesta oficial es iniciar un ciclo de crecimiento sostenido impulsado por la acumulación de capital y no ya por el consumo.
Esto es crucial para el sector energético, donde quizá más que en ningún otro se necesiten esquemas de incentivos estables que estimulen la inversión y el aumento de la producción. Este fallo no solo implicará una reducción en las empresas afectadas, sino que a su vez podría retrasar decisiones de inversión al sembrar dudas acerca de las posibilidades del gobierno de realizar las actualizaciones necesarias.
El impacto fiscal del fallo: se explica por los mayores montos que el gobierno deberá incurrir para cubrir la importación de gas y el pago de estímulos (ya que aumenta la diferencia entre estos precios y el pagado por el productor). El monto en que se incrementarán los subsidios dependerá de la evolución de los precios de importación de combustibles y la producción de gas "nueva" (beneficiada por el Plan Gas), pero en principio estimamos que estará en torno a los $5.500 millones anuales. Esto es un 2,5% del monto total de subsidios energéticos corrientes de 2015 (medidos en dólares)", precisó Sica al evaluar la medida del Alto Tribunal.
El impacto es mayor en el sector privado ya que los productores de gas pasarán a recibir un precio menor por el gas que consumen los usuarios residenciales. En principio, esto implicaría una recorte de alrededor de $12.000 millones en los ingresos de los productores (poco menos del 10% de los ingresos estimados para este año considerando solamente las ventas de gas natural). También se verán afectadas las distribuidoras y transportistas de gas, en cuyo caso el impacto sería aún mayor dado el peso de los usuarios residenciales en sus ingresos.
El fallo sienta un precedente firme respecto de lo puede fallar la Corte en el caso de los ajustes de las tarifas eléctricas. Aquí el impacto fiscal sería mayor, pudiendo alcanzar los 15.000 millones, a lo que habría que sumar la necesidad de financiar también a las distribuidoras eléctricas, como se hizo el año pasado (recibieron aproximadamente 10.000 millones).
En este caso, el impacto fiscal total podría rondar entre $30.000 M y $35.000 millones -0,7% del PBI- (+$5.500 M + $15,000 M + $10,000 M) que suman una complicación adicional a la ya compleja tarea de bajar el déficit fiscal y para los cuales habrá que salir a conseguir financiamiento extra (más deuda o más emisión monetaria a la prevista).
De todas formas, el fallo no impide realizar los aumentos correspondientes en un futuro cercano, una vez que se haya pasado por las audiencias públicas correspondientes. Así, el principal efecto es el retraso en los ajustes correspondientes, lo que no implica un cambio en el camino elegido.
Así, creemos que el Gobierno, con una adecuada estrategia (que incluye además de una política comunicacional, un reacomodamiento de su programa fiscal y energético, y la necesidad de evitar nuevos errores) tiene chances superar el actual escollo que representó este fallo desfavorable, lo cierto será necesario redoblar los esfuerzos, considerando que se perdió un tiempo precioso (el primer año clave) para hacer correcciones y que se viene un 2017 electoral que planteará nuevos desafíos y que será determinante para lo que sigue. Será crucial en delante no volver a subestimar la dificultad que implica corregir los enormes desbalances heredados. Fuente: Portfolio Personal
