Buscan instalar la "minería responsable" en Mendoza

La investigación busca aportar un enfoque integral que contemple dimensiones sociales, medioambientales, económicas y regulatorias de la actividad minera,  y es el resultado de más de dos años de investigación y diálogo con cerca de cincuenta referentes mendocinos y nacionales, de sectores sociales, políticos, académicos, ambientales y productivos, afirman los profesionales.

La presentación fue realizada por el Presidente del CEM, Federico Ostropolsky, el Presidente de CIPPEC, Jorge Mandelbaum, y el Director del Departamento de conservación y desarrollo sustentable de la Fundación Vida Silvestre, Manuel Jaramillo.

En representación del gobernador dijeron presente el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, y el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú. Asimismo participó del evento el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Capello.

“Con este trabajo buscamos aportar a un debate serio e informado sobre la minería, la normativa y los controles a partir de los cuales puede o no ser posible el desenvolvimiento de este sector productivo. Es crucial que este debate fundamental desde el punto de vista social y económico, se base en la evidencia y sea abordado de forma integral y plural”, señaló Federico Ostropolsky.

Según el documento, el mercado mundial de minerales presentó una transformación estructural en los últimos 15 años,y la producción minera local se triplicó en volumen y duplicó en valor.

Por su parte Di Gresia afirmó “este escenario presenta tres desafíos: la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales de control ambiental, la gestión eficiente de los ingresos fiscales derivados de la minería y el aumento de la participación ciudadana en la toma de decisiones”.

La investigación destaca que la experiencia local e internacional indica que no hay minería posible sin legitimidad social, y asegura que es fundamental asegurar el funcionamiento de las instituciones de control y participación ciudadana en todo el ciclo minero, en particular en las zonas de explotación.

“Una cuestión central es un manejo adecuado y transparente de los flujos de renta minera, que, por un lado, asegure que los beneficios económicos y sociales de largo plazo de la minería compensen cualquier posible costo de corto plazo, y que asegure la compensación de los pasivos ambientales que la actividad genera irremediablemente”, indicó Di Gresia.

Una de las conclusiones del encuentro, que reunió a expertos, académicos, funcionarios públicos, legisladores, representantes del Poder Judicial provincial, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, es que analizar el impacto de la minería sobre el bienestar social requiere de un enfoque integral, transversal y prospectivo, que contemple las restricciones de economía política que enfrenta la política pública en relación a la actividad minera.

Jorge Mandelbaum defendió que en la minería responsable, como en cualquier proyecto, siempre se analiza la incidencia en la vida y sostuvo la necesidad de trabajar para mejorar cada investigación.

“La minería tiene el potencial de convertirse en un motor de crecimiento responsable con equidad pero demanda la creación de reglas de juego adecuadas y consenso social. No es un boleto mágico y requiere mecanismos de diálogo institucionalizados”, observó Belén Rubio.

Al mismo tiempo, los expositores destacaron que el sector privado sólo puede ser el piso de una política minera para el crecimiento con equidad. De forma central, el impacto de la minería sobre el bienestar social depende de las instituciones y el marco de políticas públicas en las que se desenvuelve la actividad minera.

El rol clave del Estado

Según el Investigador Principal del Área de Desarrollo Económico de CIPPEC, el Estado tiene un rol fundamental en la generación de información económica, geológica y ambiental confiable; la capacidad de regular y controlar todo el ciclo de un proyecto minero; el manejo de pasivos medioambientales en especial en la etapa de post-cierre; y la gestión de riesgos, rentas y conflictos.

Manuel Jaramillo, expresó por su parte “Como sucede con todas las actividades productivas que utilizan recursos naturales de interés para múltiples actores, los procesos de diálogo institucionalizados son la manera más apropiada para la prevención y resolución de conflictos sociales y ambientales. La disponibilidad de información en formatos accesibles para los diferentes sectores de la población es uno de los principales insumos para asegurar este diálogo”.

Finalmente, la investigación presentada sugiere que el eje de una política pública minera debería ser una buena gobernanza pública y privada, basada en la transparencia y la participación ciudadana.

Para más información www.cem.org.ar