No obstante, a pesar de la aprobación de la Cámara Alta, los cambios introducidos en el artículo primero del texto significan que ahora el proyecto deberá volver a Diputados para su ratificación definitiva.
6 de mayo de 2026
No obstante, a pesar de la aprobación de la Cámara Alta, los cambios introducidos en el artículo primero del texto significan que ahora el proyecto deberá volver a Diputados para su ratificación definitiva.
De ser aprobado el proyecto, el gobierno deberá destinar unos 10 millones de pesos anuales para beneficiar con un salario clase 10 a toda aquella persona que pueda demostrar haber sido detenida por motivos políticos durante 1976 y 1983.
A pesar de que la unanimidad en los votos positivos podría entenderse como que el tratamiento fue simple, la votación final debió posponerse en varias oportunidades por la negativa inicial del Ejecutivo a afrontar los gastos del subsidio producto de la ley presentada por el diputado kircherista Alejandro Viadana.
Sin embargo, durante el fin de semana Francisco Pérez dio la orden de aprobar el proyecto y, de forma express, las comisiones del Senado realizaron las modificaciones pactadas y la norma fue tratada hoy en una sesión atípica por su corta duración.
En cuanto a las modificaciones, el proyecto aprobado en primera instancia por la Cámara Baja indicaba que la pensión podría ser exigida por toda persona que haya sido privada de la libertad sin motivos. Esto fue cambiado dejando en claro que, además, los beneficiarios deberán demostrar la ilegalidad de su privación de la libertad por motivos de pensamiento no acorde al del régimen de facto.
Desde la asociación de ex presos políticos de la provincia festejaron hasta las lágrimas el apoyo de los senadores por lo que entendieron un gesto de resarcimiento que pone a Mendoza como ejemplo a nivel nacional y confiaron en que Diputados trate las modificaciones y ratifique la aprobación a la brevedad