Unos 342.000 millones de pesos se pagaron en subsidios a la energía durante el período que medió entre 2004 y 2014, según un informe elaborado conjuntamente por el Instituto Argentino de la Energía (IAE) y la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
El documento cuestiona la política de subsidios desarrollada en el rubro durante el período 2004 (1.157 millones de pesos) y 2014 (127.884 millones), totalizando 342 mil millones de pesos.
El trabajo a 2015 refiere además que "sólo el 20 por ciento de los subsidios al gas natural por redes son recibidos por la población que se encuentra en los cuatro deciles de menor ingreso y que en cambio, el 80 por ciento de los subsidios se concentra en los seis deciles de mayor ingreso de la población".
El informe señala que, "en cambio en el gas licuado en garrafas o cilindros (GLP) se observa una mayor productividad del subsidio ya que el grueso se concentra en los deciles de menor ingreso y lo ahorros que se producen en relación al ingreso familiar son significativos".
Asimismo, el estudio afirma que "este esquema de subsidios es profundamente inequitativo a nivel regional y provincial, debido a la ausencia de revisión tarifaria en los márgenes de distribución del servicio de electricidad en el área de Buenos Aires (que concentran 40 por ciento de la demanda), cuyas distribuidoras actualmente son compensadas con recursos del Tesoro Nacional".
El informe señala que "teniendo en cuenta el impacto social que tal actualización significaría para los sectores más desfavorecidos, una alternativa es aplicar un esquema de tarifa social que asigne los subsidios a la población vulnerable".
El documento remarca que "en torno a los subsidios energéticos, se ha podido constatar que la calidad de los servicios públicos en las empresas sometidas a congelamiento o retraso tarifario parcial como por ejemplo el servicio de electricidad se ha deteriorado en forma significativa en el período 2005-2014".
Los subsidios energéticos -como transferencias para gastos corrientes- se canalizan a través de las empresas Cammesa y Enarsa, que tienen a su cargo, respectivamente, el subsidio a la generación de energía eléctrica (por medio de compensaciones a las generadoras, o la compra de combustible) y la compra de gas importado para abastecer el mercado interno.
También se cuentan las transferencias a productoras de gas derivadas del Programa de Inyección Excedente de Gas Natural (Plan Gas) aprobado en 2013, para incrementar la producción de este recurso mediante el otorgamiento de subsidios a las empresas que producen por encima de un determinado umbral. Fuente: DYN
