La pobreza subió en el primer semestre de 2026 por una puerta nueva: la caída de los ingresos y el deterioro del mercado de trabajo.
A pesar del descenso de la inflación el atraso de los ingresos hizo crecer la pobreza
La baja de la inflación encontró un límite en los bolsillos de los hogares argentinos. Después de tres semestres consecutivos de descenso, la pobreza volvió a aumentar y alcanzó al 32,3% de las personas durante la primera mitad de 2026, mientras que la indigencia llegó al 7,5%. El deterioro de los ingresos y el desplazamiento del empleo formal hacia ocupaciones de menor remuneración aparecen en el centro de este retroceso.
Así lo plantea un análisis de Laura Caullo y Federico Belich, de IERAL de la Fundación Mediterránea, elaborado a partir de los datos del INDEC. Según las estimaciones presentadas en el informe, unas 15 millones de personas se encuentran en situación de pobreza y alrededor de 3,5 millones no logran cubrir la canasta alimentaria básica.
Frente al segundo semestre de 2025, el incremento equivale a 1,9 millones de personas más bajo la línea de pobreza y cerca de 538.000 nuevos indigentes. Los resultados interrumpen la recuperación que había llevado el indicador del 52,9% en el primer semestre de 2024 al 28,2% al cierre de 2025.
El informe ubica al mercado laboral como el principal límite para sostener la reducción de la pobreza. El empleo asalariado privado formal pierde participación frente al trabajo informal y por cuenta propia, una tendencia que afecta directamente a los hogares: en promedio, ocho de cada diez pesos que reciben provienen del trabajo.
Durante el último semestre analizado, el empleo asalariado formal cayó 1,6%, con una reducción de 101.000 personas. En paralelo, el trabajo por cuenta propia aumentó 3,4%, equivalente a 177.000 personas, y el empleo asalariado informal creció 3,1%, con otras 168.000.
La creación de ocupaciones, por lo tanto, no aseguró una mejora equivalente de los ingresos. Según el estudio, los asalariados no registrados ganan un 47% menos que los registrados y los cuentapropistas, un 26% menos. El cambio en la composición del empleo debilita así la capacidad de los hogares para cubrir sus necesidades, incluso cuando sus integrantes consiguen trabajo.
La evolución de las remuneraciones también ayuda a explicar el retroceso. En el primer trimestre de 2026, la canasta básica total subió 10,9% y la alimentaria, 13,3%, mientras que los ingresos de los asalariados registrados avanzaron apenas 4,1% y los de los trabajadores independientes, 5,6%.
La Asignación Universal por Hijo aumentó 7,8%, también por debajo de ambas canastas. Solo los asalariados no registrados, con una mejora nominal del 12,2%, superaron el incremento de la canasta total, aunque tampoco alcanzaron el de los alimentos.
El problema combina, entonces, dos movimientos: ingresos que pierden capacidad de compra y empleos que ofrecen remuneraciones más bajas. Esa convergencia explica por qué una inflación menor no garantiza, por sí sola, una reducción sostenida de la pobreza.
El análisis por deciles muestra diferencias en la capacidad de protección de los hogares. Durante el último año, los ingresos por persona de los tres deciles más bajos crecieron entre 36,5% y 43,5%, por encima de la canasta total, que aumentó 31,3%, y de la alimentaria, que subió 35,9%. El informe vincula ese comportamiento con el mayor peso de las transferencias.
Entre los deciles cinco y ocho, en cambio, los ingresos aumentaron entre 27,4% y 30,5%, por debajo de ambas canastas. Son sectores más dependientes de las remuneraciones laborales y con menor protección frente a su deterioro.
Aunque buena parte de esos hogares permanece por encima de la línea de pobreza, la pérdida de poder adquisitivo reduce su margen. Para quienes están cerca del umbral, una caída relativamente pequeña puede resultar suficiente para atravesarlo.
El aumento se concentró principalmente en la población en edad de trabajar. Unas 919.000 personas de entre 30 y 64 años pasaron a ser pobres, junto con otras 481.000 de entre 15 y 29 años. Ambos grupos explican cerca de siete de cada diez nuevos casos del semestre.
Entre los mayores de 65 años se registró el mayor incremento relativo: la cantidad de pobres creció 55% y la de indigentes, 60%. Aunque esas variaciones parten de una base reducida, constituyen una señal de alerta sobre los ingresos previsionales. Entre los niños de hasta 14 años, la pobreza aumentó 4% y la indigencia, 21%.
Las diferencias territoriales también fueron marcadas. Concordia presentó la mayor incidencia, con 56,2%, seguida por Gran Resistencia, con 48,6%; Posadas, con 42,2%, y Corrientes, con 41%. En el extremo opuesto se ubicaron la Ciudad de Buenos Aires, con 11,1%; Neuquén y Plottier, con 19,6%, y Mar del Plata, con 20,4%.
El retroceso vuelve a exponer una dificultad estructural. Desde la recuperación de la medición comparable del INDEC en 2016, el menor registro fue de 25,7%, en el segundo semestre de 2017. La Argentina no consiguió desde entonces bajar del 25%.
Para Caullo y Belich, las transferencias permiten amortiguar el deterioro y la estabilidad de precios resulta necesaria para proteger los ingresos. Pero romper ese piso de pobreza exige recuperar la capacidad del trabajo para generar ingresos suficientes y sostenibles.
