La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, lucha por mantener el respaldo de sus aliados en la coalición de Gobierno mientras enfrenta denuncias de manipular las cuentas fiscales, llamados para un juicio político e índices de aprobación en mínimos históricos.
Pero su ministro de Hacienda declaró en una entrevista que confía en la capacidad de la presidenta para capear esta tormenta política y destacó las perspectivas de un plan de austeridad fiscal orientado a mantener la calificación de grado de inversión de Brasil.
"Las agencias de calificación no están preocupadas por algo que es una llamarada pasajera, están preocupadas acerca de si vamos a tener crecimiento", dijo a Reuters el ministro de Hacienda, Joaquim Levy, en su oficina en Brasilia.
Levy desestimó la posibilidad de que la presidenta sea sometida a un juicio político, diciendo que era "una hipótesis absolutamente remota (...) No veo nada que justifique el inicio de ese proceso".
Una grave recesión económica y un extendido escándalo de corrupción que involucra a decenas de legisladores ha socavado la confianza en el liderazgo de Rousseff y aumentado los llamados públicos para su destitución a sólo seis meses de iniciado su segundo mandato.
Estas tensiones políticas han arrastrado al real brasileño a su menor nivel en más de 12 años contra el dólar estadounidense y generado advertencias sombrías de los grandes inversores.
Levy (foto), un ex ejecutivo de la banca e inclinado hacia el rigor fiscal, es visto como la fuerza detrás del cambio que dio Rousseff para adoptar políticas más amistosas al mercado para recuperar la confianza de los inversores en la economía.
El ministro de Hacienda, conocido por su postura de libre mercado, buscó calmar a los mercados advirtiendo a los inversores que podrían perder mucho dinero por una eventual salida de Brasil debido a preocupaciones por el ruido político.
"He visto otras olas de ventas en Brasil. En general pasan y aquellos que se quedan terminan ganando", dijo Levy.
Popularidad por el piso
El índice de aprobación de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, tocó mínimos históricos, mientras que un creciente número de brasileños quiere que sea impugnada y cada vez menos personas creen que llegará al final de su mandato, mostró un sondeo publicado el jueves.
La encuestadora Datafolha dijo que el índice de aprobación a Rousseff cayó a un 8 por ciento, cerca al 7,7 por ciento reportado por otro sondeo reciente, en medio de un enorme escándalo por corrupción y la peor recesión económica del país en 25 años.
El porcentaje de brasileños que estiman que su Gobierno es "malo" o "muy malo" llegó a un 71 por ciento, que se compara con un 65 por ciento que opinó eso en la encuesta de Datafolha del mes pasado.
Dos de cada tres entrevistados, o un 66 por ciento, dijo que Rousseff debería enfrentar un proceso de impugnación o juicio político, frente a un 63 por ciento que opinó eso en un sondeo de abril.
Aunque una mayoría de los brasileños aún espera que la líder de izquierda complete su mandato, Datafolha dijo que un 38 por ciento estima ahora que será impugnada, frente a un 29 por ciento en abril.
La popularidad de Rousseff es la más baja para cualquier presidente brasileño desde que Datafolha empezó a realizar el sondeo, incluso más baja que la de Fernando Collor de Mello en 1992, cuando enfrentó una impugnación por corrupción.
A sólo seis meses del comienzo de su segundo mandato, Rousseff enfrenta crecientes llamados a un juicio político. Sus adversarios están a la espera de una protesta nacional contra su Gobierno el 16 de agosto para medir el sentir popular, además de una decisión judicial sobre cuentas de su Gobierno antes de decidir si impugnarla o no.
La incertidumbre política ha debilitado a la moneda brasileña a mínimos en 12 años. El jueves por la mañana, el real brasileño cotizaba a 3,51 unidades por dólar.
En una señal de que Rousseff está perdiendo el respaldo dentro de su coalición de Gobierno, la Cámara baja del Congreso aprobó el miércoles por abrumadora mayoría un proyecto de ley para elevar los salarios para algunos empleados públicos, un golpe a sus esfuerzos por reducir un enorme déficit fiscal.
El sondeo de Datafolha entre 3.358 entrevistados tuvo lugar entre el martes y el miércoles y fue publicado por el diario Folha de S. Paulo. Fuente: Reuters