Para la UCR, Jorge Gómez, el nuevo postulante para la Suprema Corte propuesto por el gobernador Francisco Pérez tampoco es idóneo para el cargo. Tal como ocurrió con la postulación de Miriam Gallardo, la oposición mostró importantes críticas al actual funcionario del Tribunal de Cuentas.
Esto quedó expuesto esta mañana durante la audiencia pública que se realizó en Senadores que, si bien es un paso administrativo no vinculante, se concretó una semana antes de la votación en la Casa de las Leyes.
De todas maneras, a pesar de las objeciones de los radicales, Gómez logró 316 adhesiones y solo 3 impugnaciones.
Quienes objetaron la postulación del actual funcionario del Tribunal de Cuentas de la provincia fue Osvaldo Quiroga, el padre del joven asesinado durante un asalto, Silvina Anfuso, representante de la agrupación Mumala y la Federación de Colegios de Abogados.
Para Quiroga la objeción se basaba sobre todo en la relación entre la ideología política del candidato, afiliado al PJ, y a la sentencias judiciales.
En tanto para Anfuso, la falta de presencia de mujeres dentro del máximo Tribunal, representa un retroceso democrático en la Justicia y agregó que no quiero que Mendoza sea parte de una de las siete provincias sin mujeres en la Corte.
La Federación de Colegios de Abogados manifestó su oposición a la designación ya que considera que Gómez no cuenta con el perfil recomendado, es decir, no es un abogado versado en derecho privado, con un compromiso con la independencia judicial y con práctica tribunalicia.
Por su parte, la UCR realizó una serie de cuestionamientos de los cuales, según indicó Juan Carlos Jaliff, no salimos conformes con las respuestas.
Seguimos cuestionando la militancia reconocida de tantos años de Gómez, vamos a analizar la declaración jurada y su intervención en el caso Guardati, Garrido y Baigorria. Pero sostenemos que no tiene la especialidad que necesita la Corte de Justicia ahora, explicó el senador radical.
Dentro de los cuestionamientos, la UCR indicó que Gómez no ha pagado el impuesto a los bienes personales, ya que ha declarado activos que superan el millón de pesos.
Asimismo, precisaron que el abogado sigue siendo militante del Partido Justicialista, algo prohibido por la Constitución para quienes ocupen cargos judiciales y solicitaron explicaciones sobre su accionar como Subsecretario de Justicia durante la investigación de las desaparición de Cristian Guardati, Adolfo Garrido y Rául Baigorria. En ese momento, por primera vez, el país fue condenado por organismos internacionales, asegurando que se trató de una responsabilidad nacional.
Al respecto, Gómez indicó que la Subsecretaría no tiene en su poder la investigación de los casos. La responsabilidad por el caso Garrido y Baigorria fue de la Nación, y la indemnización debía ser pagada por ellos. En mi cargo debía defender el patrimonio de la provincia.
El aborto no punible fue el tema sobre el cual no quiso explayarse y agregó no debiera preopinar sobre un caso que no conozco.
Sí se refirió a la duración de los cargos en la Corte, los cuales no deberían ser como los de una monarquía y es bueno que a una determinada edad estemos dispuestos a dejarlos, en clara alusión al juez Carlos Fayt, quien a sus 97 años sigue integrando el máximo Tribunal de la Nación.
El próximo martes se realizará en Senadores la votación del pliego.
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