El ministro de Justicia de Chile, José Antonio Gómez, aseguró hoy que los detenidos por violaciones a los derechos humanos seguirán cumpliendo sus condenas en una prisión especial para ese tipo de presos; sostuvo que eso no es un privilegio y aclaró que se está trabajando sobre le hacinamiento de las cárceles en el país y en nuevo código penal, en una entrevista ofrecida a periodistas extranjeros.
"La segregación y la separación la seguiremos manteniendo, pero no como un privilegio", sostuvo el ministro en un encuentro con corresponsales extranjeros, ocasión en la que aseguró que sería peligroso mezclar a ex represores del régimen militar con presos comunes.
La cárcel de Punta Peuco, a unos 35 kilómetros al norte de Santiago, es actualmente el único recinto penal del país que acoge exclusivamente a violadores de los derechos humanos condenados por crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, que gobernó Chile entre 1973 y 1990.
Asociaciones de víctimas han pedido el cierre de esa cárcel argumentando que los presos tienen privilegios y mejores condiciones de vida que el resto de la población penal, aunque el ministro de Justicia reiteró hoy que no tiene previsto clausurar Punta Peuco.
"Para nosotros cerrar o mantener Punta Peuco no está en discusión. Es un penal, cuenta con las condiciones de un penal y las restricciones que tienen todos los recintos penales hoy en día", sostuvo.
El ministro reconoció que durante varios años los presos de Punta Peuco gozaron de ciertos privilegios, pero señaló que esa situación ha cambiado y dijo que ahora el recinto tiene "las características de una cárcel".
El ex presidente Sebastián Piñera, que ocupó el Ejecutivo entre 2010 y 2014, cerró el año pasado el penal Cordillera, un recinto en el que estaba recluido un pequeño grupo de represores de la dictadura chilena y que contaba con todo tipo de comodidades.
Los reclusos, entre los que se encontraba el ex general Manuel Contreras, condenado a casi 400 años de prisión, fueron trasladados a Punta Peuco.
Sobre las investigaciones y los juicios de crímenes cometidos en la dictadura, el ministro de Justicia destacó el avance de esas causas gracias al trabajo y la dedicación de los jueces.
En este ámbito, sin embargo, los tribunales han topado con "trabas y dificultades", dijo el ministro, como el "manto de silencio" por parte de ex militares y antiguos agentes de los servicios secretos y de inteligencia, que son reacios a colaborar con la justicia.
Respecto a los temas de hacinamiento de las cárceles , el ministro expresó que se está estableciendo un plan estratégico con gendarmería para revisar el tema de infraestructura y que se han mejorado las condiciones de los recintos penales.
El gobierno de Piñera no se construyó un sólo metro cuadrado, hoy día nosotros hemos retomado esa lógica y vamos a construir cuatro cárceles con más gendarmes y mayor capacitación, además de crear el Servicio Nacional de Reinserción.
Gómez también señaló que desde el gobierno se está trabajando con un equipo de cinco profesionales para que a fines de marzo del 2015 se presenten las nuevas modificaciones al código penal. Hay que cambiar la penalidad y la forma de cumplir las penas en Chile, todo esto tiene que ver con la sensación de impunidad de ciertos delitos, entre los puntos principales nos centraremos en temas de delitos económicos, explicó Gómez.
Además, reconoció que la corrupción y los delitos económicos "tienen una penalidad muy baja" en Chile porque la legislación actual otorga beneficios y reduce el castigo en esos casos a los condenados que no tienen antecedentes penales.
Esta situación, dijo el ministro, lleva a que "los delitos económicos terminan en penas alternativas" como multas, pero difícilmente en condenas de cárcel.
También reconoció que existe entre la ciudadanía una "sensación de impunidad" para quienes cometen ese tipo de delitos, y consideró que los cambios en esta materia son "a largo plazo".
Fuente: Télam
