Víctimas del terrorismo de Estado comprometieron aún más a policías y militares imputados por delitos represivos cometidos desde 1975 y durante la última dictadura en nuestra provincia, al declarar en el cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en esta provincia.
- Sitio Andino >
- Judiciales >
Lesa humanidad: testigo comprometió más aún a policías y militares
"Por las presiones del Mundial, tenían que llenar las cárceles para demostrar que las cosas se hacían bien".
"Un abogado defensor me contó que, por las presiones que generaba el Mundial de fútbol, tenían que llenar las cárceles para demostrar que las cosas se hacían bien", dijo a los miembros del Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza Juan Carlos González, condenado por un Consejo de Guerra con pruebas inventadas.
Citado como testigo en la causa "Aníbal Torres y otros", González relató que tras ser detenido en 1976 lo sometieron a sesiones de tortura en las que un médico evaluaba la duración del tormento, y que compañeras de cautiverio sufrían además violencia sexual.
El testigo recordó su paso por el centro clandestino D2 de la policía local, la Comisaría Sexta de la Sexta Sección y la Penitenciaría Provincial, donde estuvo hasta 1977, cuando un Consejo de Guerra, sin siquiera tomarle declaración, lo condenó a ocho años de reclusión hasta la libertad condicional.
Esta semana también dio su testimonio Héctor Enrique García, detenido en 1976 y trasladado al D2, donde identificó a María Sánchez Sarmiento y su esposo, Jorge Vargas (quien permanece desaparecido), ambos detenidos junto a sus hijas menores, a quienes obligaban a presenciar la tortura infligida al padre.
Un Consejo de Guerra lo condenó a cuatro años y medio de prisión por tenencia de armas de guerra y municiones sin que su casa fuera requisada, después lo trasladaron a la cárcel de Sierra Chica y más tarde a Devoto, desde donde fue liberado en diciembre de 1980.
Por su parte, Alicia Morales Fernández de Galamba, secuestrada en 1976, declaró que con María Luisa Sánchez Sarmiento fueron trasladas al D2 junto a sus pequeños hijos, quienes eran forzados a presenciar las torturas.
Aportó además datos sobre otros detenidos y mencionó al entonces juez federal Gabriel Guzzo y al en esa época fiscal del mismo fuero Otilio Romano, ante quienes denunció los apremios ilegales sufridos, después de recuperar la libertad.
El tribunal a cargo de Guzzo lo sobreseyó recién el 11 de junio de 1980 bajo pago de una fianza, cuando se cumplían los cuatro años de condena, y recuperó la plena libertad el 30 de agosto del mismo año.
Por su parte, Eduardo Ezequiel Becerra se presentó espontáneamente para declarar sobre las desapariciones de estudiantes de la Escuela de Comunicación Colectiva.
El lunes próximo se realizará una inspección ocular en el D2 y un día después, el martes 7, se reanudará el debate oral y público en la sede mendocina de los Tribunales Federales.
Fuente: Télam