El abogado Pablo Salinas, querellante por el MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos) afirmó hoy que "otorgarle la prisión domiciliaria al ex juez (Otilio) Romano sería un escándalo jurídico" y agregó que el ex magistrado se encuentra "prácticamente en una cárcel VIP".
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"Otorgarle la prisión domiciliaria a Romano sería un escándalo jurídico"
El abogado Pablo Salinas, querellante por el MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos) afirmó además que sería otorgar "un odioso privilegio a favor de un acusado de crímenes de lesa humanidad".
"Otorgarle la domiciliaria a Romano sería otorgar un odioso privilegio a favor de un acusado de crímenes de lesa humanidad. Hay un informe del procurador penitenciario Fabricio Amparado que dice que el lugar donde está Romano prácticamente es una cárcel Vip", aseguró Salinas en declaraciones a Télam.
En ese sentido, explicó que "tienen biblioteca, celdas que están abiertas todo el día, donde pueden atenderlos sus médicos particulares, y tienen un hospital muy cercano".
Salinas formuló estas declaraciones en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad cuyo tema central en la audiencia de hoy fue la discusión sobre un pedido de prisión domiciliaria para Romano.
Organismos de derechos humanos se manifestaron frente a Tribunales Federales pidiendo "contra la impunidad" de Romano", ante la presión de la defensa del ex juez para conseguir su prisión domiciliaria.
Los organismos expusieron su preocupación en una conferencia de prensa donde realizaron un pedido que se realizó luego que el perito Florencio Casavilla, del cuerpo médico forense, dictaminó a favor del ex juez, quien está detenido en un pabellón especial para acusados por delitos de lesa humanidad.
Si bien el pedido de prisión domiciliaria está previsto por ley para mayores de 70 años (el ex magistrado tiene 71 y padece diabetes), la norma no obliga a los jueces a otorgarlo y hay factores específicos que permiten rechazarlo, entre ellos el peligro de fuga, ya que Romano tiene antecedentes pues se fugó a Chile en 2011 y posteriormente fue extraditado, recordaron los organismos de DDHH.
Y argumentaron que este es un intento más de obstaculizar el proceso de investigación que se lleva adelante actualmente.
El subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Juan Manuel González, señaló: "Desde el Gobierno apoyamos el pedido del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH), en forma simbólica y desde nuestro lugar político, ya que no estamos constituidos como querellantes".
"Romano -agregó- ha mostrado un desprecio muy marcado por la justicia, ya que estuvo dos años prófugo, demoró dos años el inicio del juicio y otorgarle hoy una prisión domiciliaria sería como sembrar un camino a la impunidad. Somos fervientes defensores de las garantías constitucionales, entendemos que deben defenderse los derechos de los imputados pero también los de las víctimas".
"El tribunal, ante el pedido de excarcelación ofreció que el magistrado fuera trasladado a Ezeiza, que posee un hospital en el caso de que a Romano se le complique su estado de salud. Ahora hay que esperar y entendemos que para llegar a cualquier sentencia es necesario que el juicio siga adelante y para ello Romano tiene que estar presente ya que de otra manera, creemos que sería allanar el camino para una posible fuga", finalizó González.
Ya en la sala de audiencias, el inicio del debate estuvo marcado por esta discusión, y en ese sentido vino desde Buenos Aires el doctor Jorge Auad, Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, quien junto al fiscal Dante Vega, y a los abogados querellantes con Pablo Salinas a la cabeza, se opusieron tenazmente ante la posibilidad de que el tribunal se expida a favor de Romano.
También participó del debate en nombre del gobierno provincial, la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda.
El fiscal Auad explicó: "Se está tramitando un incidente de pedido de prisión domiciliaria de uno de los imputados y vinimos aquí a plantearle al tribunal que necesitamos un plazo probatorio mucho más conducente, más eficaz, y que la conclusión a la que arribe el tribunal sea una derivación razonable".
"Nos pareció -agregó- que las pruebas que había en ese incidente no son suficientes para producir una conclusión en un sentido o en otro, para profundizar más la cuestión planteada".
"Nosotros no pretendemos mazmorras, ni nada ignominioso para ningún imputado. Somos concientes y queremos que se respete el estado de derecho, pero siguiendo los pasos que marca la ley", dijo.
"Nosostros lo que pretendemos es que todas las cuestiones se debatan y discutan en el marco del proceso penal oral, respetando el principio de la publicidad que me parece central, fundamental, y es la razón que inspira el proceso oral, un control republicano",argumentó Auad.
"Las víctimas, sus familiares, merecen de parte del tribunal que cuestiones como la prisión domiciliaria se discutan en el proceso y de cara a los propios querellantes, a los familiares y a las víctimas, es decir de cara a la sociedad. No nos podemos permitir tramitar cuestiones como un lugar de detención, a oscuras, en un trámite escrito y de espaldas a la gente. No me parece que sea saludable para este tipo de procesos", puntualizó.