La estrategia central del gobierno de Francisco Pérez, tras el fallo de la Corte que le prohibió tomar deuda en este 2014 y además el hacer el uso del crédito previamente autorizado, no sólo se centró en culpar al radicalismo y a dos miembros de la Corte por la parálisis en la que interpreta el Ejecutivo se sumió el Estado, sino que además, buscó apoyo en el empresariado de la provincia con el fin de sumarlo a su cruzada bajo la advertencia de que no podrá utilizar recursos para concretar obra pública y tampoco pagar deudas a los proveedores.
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Pérez buscó apoyo empresarial: conocé el panorama dramático que les mostró
El Gobernador en persona fue quien encabezó la embestida, como medio de defensa, ante un centenar de empresarios que representan a todas las cámaras de la provincia.
En su arenga, el gobernador negó que la deuda que quiere tomar para el 2014 sea para cubrir agujeros dejados por el gasto corriente, sino para amortizar el pago de la deuda anterior y además, aseguró, también para pagar obra pública, un punto que no logró convencer del todo a la platea que lo escuchaba y que sigue en duda.
También hubo referencias a la gestión que arrancó con Néstor Kirchner a nivel nacional en el 2003, rescatando que gracias a ese proceso que continuó con Cristina hasta ahora, el país creció a tasas del 10 por ciento logrando mejorar la performance de todas las provincias. El déficit, según Pérez, empezó en el 2007, en el último año de la gestión de Cobos; nosotros lo bajamos dijo y nuestro compromiso es llegar a 0 por ciento de déficit.
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Para responder la visión del radicalismo, que afirma que en este año la provincia contará con recursos extra del orden de los 7 mil millones de pesos cuestión que no justifica, para los radicales, que Pérez salga a pedir más crédito, el gobernador intentó aclarar que esos millones de más (estimados en 7.337 millones de pesos) no son de libre disponibilidad. Reconociendo que habrá más fondos por mayor recaudación, Pérez agregó que de esos fondos extra, el 57 por ciento va a los aumentos salariales, el 15 por ciento a los municipios, el 6 por ciento en subsidios al transporte, colegios privados, Iscamen, comedores, un 11 por ciento al pago de la deuda y un 10 por ciento que se destinará a gastos de funcionamiento del Estado e inversión pública. Según Pérez, sólo el 2 por ciento de esos 7 mil millones de pesos serían de libre responsabilidad.
El jefe del Ejecutivo cuestionó la crítica radical de que usa los fondos para gastos discrecionales: de acuerdo con los números que Pérez distribuyó, el presupuesto se reparte en un 37 por ciento para Educación, 14 por ciento en Salud, 12 por ciento en Seguridad, 6 por ciento en la Justicia y el resto (un 30 por ciento aproximadamente) en deporte, inclusión social, cultura, obra pública, construcción de viviendas, Registro Civil, turismo, etcétera.
En su extensa exposición ante los empresarios, a los que les insinuó que jugaran de su lado en la contienda política y judicial que mantiene su gobierno con el radicalismo, Pérez defendió tenazmente la administración de los fondos durante su gestión asegurando que permitió aumentarles los fondos a los municipios en un 28 por ciento que salieron de la parte que le corresponde a la provincia, según dijo, agregando que en este año, todos los municipios recibirán 1.000 millones de pesos más.
Criticó que la oposición le pida hacer un ajuste del 4 por ciento para que evite tomar deuda. Eso nos obligaría aseguró Pérez a despedir trabajadores, paralizar la obra pública y disminuir los servicios esenciales. También sostuvo que el gasto que hace el Estado es virtuoso porque vuelve a la actividad económica a través del consumo interno y el sostenimiento del empleo.
Hacia el final, Pérez basó su diagnóstico en sostener que no se puede no pedir financiamiento durante este año ni hacer el ajuste que le pidieron los radicales porque según su apreciación, el 90 por ciento de todo el presupuesto son gastos inamovibles, gastos fijos, con lo que los fondos de libre disponibilidad ascenderían al 10 por ciento del presupuesto, unos 3.500 millones que van a seguridad, justicia, salud, educación, administración y obra pública, afirmó Pérez, para rematar que los 1.300 millones que le niegan los radicales suponen un ajuste del 40 por ciento y no del 4 por ciento, porque se calculan sobre esos 3.500 millones de pesos.
Para el final, Pérez reiteró que su administración es la que menos personal ha ingresado a la Administración, mostrando cuadros que señalan que Cobos incrementó el personal en un 29 por ciento, Iglesias en un 7, Jaque en un 16 y Pérez (él) sólo en un 2 por ciento.
A los postres, Pérez dejó, como reguero dramático a la situación a la que supuestamente ha sido sometido por la Corte y los radicales, la enumeración de obras que no realizará: dijo que se frenan todos los barrios de viviendas que no hayan alcanzado el 85 por ciento de avance, todos los programas de mejoramiento de la gestión municipal para 8 departamentos alcanzado 60 millones de pesos; la incorporación de cámaras de seguridad, la calle Mitre de Guaymallén (25 millones de pesos, la tercera trocha del Acceso Sur (200 millones de pesos), la ruta 82 (300 millones de pesos), locaciones de servicio de la UFI, la impermeabilización de canales en Lavalle (500 millones de pesos), la modernización del Poder Judicial y hasta la sistematización de los turnos en los hospitales públicos.