La estrategia central del gobierno de Francisco Pérez, tras el fallo de la Corte que le prohibió tomar deuda en este 2014 y además el hacer el uso del crédito previamente autorizado, no sólo se centró en culpar al radicalismo y a dos miembros de la Corte por la parálisis en la que interpreta el Ejecutivo se sumió el Estado, sino que además, buscó apoyo en el empresariado de la provincia con el fin de sumarlo a su cruzada bajo la advertencia de que no podrá utilizar recursos para concretar obra pública y tampoco pagar deudas a los proveedores.