"Carta a los mendocinos" de los radicales pide que el Gobierno deje de endeudar a la provincia

Llegamos a la Justicia porque consideramos que el avasallamiento a la Constitución Provincial es la última artimaña a la que puede llegar el gobernador Francisco Pérez para endeudar aún más a Mendoza, cuando es innecesario hacerlo porque la mayor recaudación (en el primer cuatrimestre tuvo 1.270 millones de pesos de superávit y a  fin de año tendrá alrededor de 3.020 millones, según las proyecciones que surgen de información oficial) le permite pagar los salarios, los retroactivos fruto de las paritarias y hacer frente a todas las obligaciones.

Además, porque consideramos que Pérez debe dejar de lado su obsecuencia con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reclamar los recursos que la Nación le debe a los mendocinos, lo que permitiría a la Provincia manejarse de manera holgada. Incluso, nos hemos puesto a su disposición para acompañarlo en esta acción. Creemos que sería acertado pedir apoyo financiero a la Nación con un adelanto de la Coparticipación.

Pero la respuesta ha sido siempre un rotundo NO a todas nuestras propuestas y se ha plegado al relato nacional de responsabilizar a la oposición de todos sus errores y de la falta notable de gestión de su gobierno, cuando en octubre pasado el mensaje de las urnas fue claro: los mendocinos no quieren más despilfarro y reclaman a gritos mejores servicios. Y no es para menos, si se tiene en cuenta que se está subestimando al ciudadano de a pie, al anunciar miles de acciones y beneficios como  más casas y mejor salud, educación y seguridad, políticas públicas que nadie puede ver y mucho menos gozar, al igual que los sectores productivos de la provincia.

La realidad del rojo en las cuentas y mala prestación de salud de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) y en los hospitales públicos, el aumento sostenido de la inseguridad, la violencia creciente en escuelas e instituciones y la tremenda presión fiscal con el aumento indiscriminado de impuestos son algunas de las acciones que está dejando más de siete años de gestión justicialista.   

Entonces, lo único que pedimos desde el radicalismo, y no nos cansaremos de solicitarlo, es austeridad en el gasto y orden en las cuentas del Estado que permita a todos los empleados públicos que cobren sus salarios en tiempo y forma, que se le pague a los proveedores y que se presten todos los servicios como corresponde.

Si a esto le sumamos la inflación que golpea a diario al país y las consecuencias del fallo de la Corte de Estados Unidos a favor de los fondos buitres y, como consecuencia los posibles embargos de activos de la República Argentina y del Estado mendocino, nuestra posición es más fuerte aún: no se debe tomar deuda en estos momentos en el exterior ni en el mercado interno, porque las tasas son tan altas que todos los mendocinos terminarán pagando el doble o más de lo que hoy se pretende pedir sin necesidad, cuando el problema se soluciona con decisión y gestión.

Tomar deuda en estas condiciones, además de ser un acto ilegal, significa una irresponsabilidad mayúscula del partido que ejerce el Gobierno hace siete años, ya que al seguir endeudando a la Provincia, nos dejará casi sin margen para que en los próximos años se realice obra pública (este Gobierno sólo ha construido el 40% de lo que ha proyectado y autorizado presupuesto tras presupuesto desde que asumió Pérez). Además, porque queremos que se ponga en valor la educación, entre otros servicios que este gobierno y su gabinete han olvidado por completo.

Los radicales y justicialistas no pudieron resolver políticamente las diferencias por la ley de reconducción presupuestaria, y será el máximo tribunal judicial quien defina si Pérez se puede endeudar o no. Pero como la resolución sería a finales de agosto, el Ejecutivo podría agilizar los trámites y tomar deuda en los próximos días.