La Argentina y los holdouts comenzarán a negociar la próxima semana bajo la supervisión del juez de Nueva York, Thomas Griesa, quien hoy habría dicho que la calificación de "extorsión" que la presidenta Cristina Fernández le otorgó a los fallos judiciales "es un problema".
Además, el magistrado advirtió que un canje de deuda con bonos bajo legislación local violaría sus decisiones previas.
Tras el rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos a tomar el caso argentino, Griesa convocó hoy a las partes una audiencia en su juzgado para iniciar contactos, al tiempo que la Corte de Apelaciones de Nueva York levantaba la medida cautelar (stay) que frenaba la ejecución de la sentencia a los holdouts.
En tanto, ante las consultas de la prensa, aún el Gobierno no informó quienes integrarán la delegación que viajará a Nueva York.
Según un abogado presente en la audiencia, Griesa criticó las expresiones públicas de la Presidenta, quien calificó como una "extorsión" la negativa de la Corte Suprema estadounidense de tratar el caso argentino. "No me da confianza de que haya un compromiso de buena fe para pagar las obligaciones", habría agregado Griesa, quien advirtió también que implementará un mecanismo legal para que la Argentina "no pueda tomar en broma" las sentencias de su juzgado.
Según un abogado que consultó DyN familiarizado con los procedimientos, la expresión podría implicar "que la Argentina tenga que hacer previamente un depósito de buena fe para que todos se aseguren el cumplimiento de lo que se proponga".
En relación al cambio de jurisdicción, Griesa advirtió que un canje de deuda por títulos bajo legislación argentina violaría sus decisiones previas y que implementará "un mecanismo legal" para explicitar su posición.
Por lo tanto, si la Argentina aplicara este plan entraría en "desacato" con la Justicia de los Estados Unidos y al intentar efectivizar los pagos, sería declarada en default técnico por las calificadoras de riesgo crediticio.
Minutos antes de la audiencia con Griesa, la Corte Apelaciones de los Estados Unidos había dejado sin efecto la medida cautelar que frenaba la orden de pago de los 1.330 millones de dólares dictaminado por el juez de primera instancia.
Este levantamiento habilita a los holdouts a reclamar el pago inmediato, tal como lo dictaminó Griesa en su momento y además a iniciar las acciones para detectar bienes embargables del país, tal como lo consintió la Corte el lunes.
La Argentina sostiene que pagar los 1.330 millones de dólares sentenciados por Griesa generaría demandas similares por otros 15 mil millones de dólares y que eso arrastraría al país a un nuevo default.
Aunque no hay cifras oficiales que sostengan ese monto, pese a que fue varias veces mencionado por la Presidenta y por el ministro Axel Kicillof en sus alocuciones, asesores de Economía piensan que habría que "revisar" la cifra.
Fuente: DyN
