La Cámara Federal porteña concedió una nueva prórroga de 90 días al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a pedido del fiscal Alberto Nisman, para cerrar la investigación judicial por el atentado contra la mutual judía AMIA en 1994 y mandar el expediente completo a juicio oral.
La Sala Primera, con las firmas de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah, otorgó un nuevo plazo, pero instó al juez y al fiscal "a otorgar una respuesta que defina, en el menor tiempo posible, la situación de las personas" bajo sospecha.
El tribunal también resaltó "la necesidad de atender las cuestiones que esta Sala tuvo ocasión de destacar y encomendar en el pronunciamiento emitido el pasado 15 de mayo", cuando decretó la inconstitucionalidad del "Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre los temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA".
Uno de los que exigió que se defina su situación es Alberto Kanoore Edul, quien está con "falta de mérito" desde hace más de una década y reclama un estado de "certeza" que lo desvincule definitivamente del expediente.
Kanoore Edul, sindicado como la punta de la investigación que podría conducir a la denominada "pista siria" y con la asistencia del abogado Gabriel Labaké, invocó el derecho a ser juzgado en un "plazo razonable" y, de hecho, se opuso a la nueva prórroga, pero el tribunal advirtió que ese planteo es contradictorio con los propios intereses del imputado.
"En punto a las razones alegadas por el doctor Labaké, corresponde señalar que la necesidad a la que aludiera en torno a la realización de diligencias se oponen al rechazo a la concesión de la prórroga de la instrucción propiciada, pues precisamente la concreción de aquellas medidas supone necesariamente la prolongación del trámite de la instrucción".
Labaké reclama desde hace años dos medidas de prueba: un peritaje para establecer si el chasis de la camioneta bomba quedó sepultada tres metros bajo tierra en el frente del edificio de la AMIA, y una "junta de peritos" que vuelvan a discutir si hubo o no coche-bomba.
El pedido consiste en que se cave para buscar los restos del supuesto rodado, o en su defecto se utilice un "georadar" que posee el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, capaz de detectar metales hasta 30 metros de profundidad.
Sobre los peritajes, el abogado sostiene que dos experticias de la Policía Federal y de Gendarmería afirman la existencia de la camioneta cargada de explosivos, pero un tercer estudio, que estuvo a cargo de Rodolfo Danesi, de la Universidad de Tucumán, vuelve sobre la hipótesis de una explosión entre un metro y un medio y metro adentro de la sede de la mutual judía.
Fuente: DyN
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