La "judicialización de la política", así le llaman en el justicialismo. Lo concreto es que el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, quiere saber cuántos reclamos, entre demandas, recursos y acciones de inconstitucionalidad, presentó la UCR desde que el gobernador asumió al frente del Ejecutivo.
El malestar por el pedido de inconstitucionalidad generado a raíz de la Ley de Endeudamiento es lo que motiva al PJ para presentar además una resolución que será tratada este miércoles en la Cámara de Diputados mediante la cual se declara el repudio a la metodología utilizada por la Unión Cívica Radical de "judicialización de asuntos y/o iniciativas políticas del Gobierno de Mendoza" que han tenido tratamiento legislativo conforme a derecho.
Sin embargo, es el propio Ejecutivo el único que puede manejar estos números. Desde la oficina de prensa de la Corte local respondieron que el Asesor de Gobierno y el Fiscal de Estado son quienes saben cuántos reclamos hay. Sin embargo, desde Fiscalía respondieron que no se conocen demandas, sí cartas documentos que se envían a los funcionarios y marcan que sí se registró un importante incremento.
Tanús dicen que se ha producido una traslación de las cuestiones propias de la política a los órganos judiciales, produciendo una judicialización de la política, que atenta con los principios fundamentales del Estado de derecho.
La presión a la que se ven sometidos los jueces, afecta su imparcialidad, siendo receptores del enfrenamiento partidista, se quejó Tanús.
Para el legislador, dicha situación genera una saturación de los órganos judiciales locales, siendo receptores de discusiones políticas propias de los otros poderes del Estado. "Así fallan los mecanismos de debate y de resolución de la política forzando soluciones judiciales, de lo que no se ha logrado en el juego democrático", agregó.
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