El Boletín Oficial publica los decretos 774 y 778, referidos respectivamente a las leyes 26.940 y 26.941, ambas sancionadas el 21 de mayo pasado por el Congreso.
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El Gobierno promulgó las leyes para prevenir el fraude laboral
Es con el fin de combatir las prácticas abusivas del sector empleador urbano y rural.
Asimismo, las empresas de hasta 15 trabajadores van a tener un régimen transitorio para la creación de nuevos puestos de trabajo a través de una disminución de cargas sociales; en tanto que habrá otra escala para las empresas que tengan entre 17 y 80 trabajadores y más de 80 empleados.
Por otra parte, se crea el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, donde se incluirá a las firmas que no blanqueen a sus trabajadores, contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales o incurran en trata de personas para el trabajo forzado.
Las sanciones a las infracciones leves irán desde el apercibimiento laboral a multas de entre el 25 y el 150% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil vigente al momento de la constatación de la infracción.
Las infracciones graves, en tanto, se sancionarán con multas del 30 al 200% de ese mismo monto por cada trabajador afectado, y para las consideradas "muy graves" la multa asciende del 50 al 2.000%.
En casos de reincidencia de los empleadores ilegales se podrá clausurar el establecimiento hasta 10 días, manteniendo el derecho de los trabajadores al cobro de las remuneraciones, y si se trata de servicios públicos esenciales, deberán garantizarse las prestaciones mínimas.
Del mismo modo, las nuevas normas disponen medidas de fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado nacional.
Fuente: Télam