El diputado nacional Enrique Vaquié (UCR-Mendoza) opinó sobre el acuerdo que reconoce el derecho de Repsol a percibir US$5.000 millones como compensación a la expropiación del 51 % de las acciones de YPF y las garantías para su pago efectivo, el desistimiento recíproco de las acciones judiciales y arbitrales interpuestas y la renuncia a nuevos reclamos.
Es correcto que el Gobierno acepte cumplir con su parte del acuerdo pero para ello incumple la ley votada en el Congreso de la Nación que establecía que se debía respetar la suma que fijara el Tribunal de Tasación. Este arreglo solo muestra la desesperación del Gobierno nacional por volver al festival de emisión de deuda pública. Este tipo de conducta se explica por las consecuencias que trae la alta inflación que acarrea desde hace más 6 años, restricciones a las importaciones, cepo cambiario y, sobre todo, pérdidas de reservas, afirmó Vaquié.
La entrada en vigor del acuerdo queda supeditada a determinadas condiciones, algunas no explicitas aún, entre ellas, su aprobación por la Junta General de Accionistas de Repsol y a la aprobación posterior por una ley especial sancionada por el Congreso aunque no se conocen plazos específicos para cumplir estas últimas.
Vaquié explicó que otro problema del acuerdo es que dado que la Argentina renunciaría a la posibilidad de reclamar en el futuro, no podrá denunciar y exigir la remediación de los pasivos ambientales que la empresa genere en nuestro país. La explotación de recursos naturales, sobre todo de aquellos no renovables, genera al Estado la responsabilidad de proteger al medio ambiente, de vigilar y de obligar a las empresas a hacerse responsables por los daños que causen. Para remediar los pasivos que la actividad de YPF-Repsol dejó en nuestras provincias se necesita realizar acciones concretas que tienen un costo económico alto. Hoy no sabemos cuál es el costo de estas remediaciones ni en qué plazo se realizarán, ni siquiera si la empresa se hará cargo de ellas. El Gobierno es responsable de obligar a la empresa a pagar la remediación de los pasivos ambientales y nos preocupa que hoy no vemos ninguna señal de que vaya a hacerlo.
En el caso de la provincia de Mendoza, todavía no se determinó el alcance y el costo que genera para los mendocinos la pérdida en el poliducto que va desde Mendoza hasta La Plata que se encuentra a la altura de La Dormida, departamento de Malargüe; la probable contaminación en el Acuífero Luján realizado por la destilería y por las aguas de purga filtradas por las piletas mal selladas que en el territorio provincial.
12 de noviembre de 2026
