El conflicto entre Mendoza y La Pampa por el río Atuel -que ya llegó a la instancia judicial- está tornándose cada vez más picante, con estrategias y declaraciones polémicas. Las últimas las hizo el abogado pampeano que denunció a Mendoza por el caudal del río, quien tildó de "bravuconadas" los dichos que el ministro Legal y Técnico de Mendoza, Francisco García hizo en declaraciones periodísticas.
Andrés Gil Domínguez es un abogado constitucionalista, que junto a su colega Miguel Palazzani, interpuso la demanda particular contra Mendoza en 2010 y por ello ahora el gobierno de Francisco Pérez deberá enviar un informe a la Corte Suprema de la Nación para responder por las acusaciones. Paco espera la notificación oficial del máximo tribunal de Justicia y desde allí tiene un plazo de 60 días para presentar el escrito. Por eso, ya montó un equipo con asesores y técnicos para elaborar el informe.
Gil Domínguez se refirió en una una hecha por el diario La Arena a "la política de ataque" de distintos frentes que abrirá Mendoza, según habría señalado Ibáñez García, y sostuvo que no aceptarán "amenazas ni bravuconadas" y agregó que el conflicto judicial por el río Atuel se resolverá en el marco de la Constitución Argentina.
"No nos vamos a amedrentar con ese tipo de campañas, son manifestaciones fuera de lugar que hacen recordar épocas de la guerra civil entre provincias, con unitarios y federales. Mendoza emite amenazas y bravuconadas pero nosotros respondemos en el marco de un Estado federal que debe resolver su conflicto dentro de la Constitución", aseguró Gil Domínguez en diálogo el medio pampeano.
Además, el letrado contestó la justificación de Mendoza de la imposibilidad de haber cedido agua por la crisis hídrica que atraviesa la provincia y sostuvo que "ese argumento de que Mendoza no tiene agua ya fue superado", según lo estableció la Corte en 1987 "y Mendoza tiene que compartir el agua. Hace 66 años que tienen crisis hídrica, pero parece que tan mal no les va", sostuvo Gil Domínguez.
Gil Domínguez, por su parte, agregó que más allá de la demanda judicial que pueda llevar adelante el gobierno de Oscar Jorge, junto a Palazzani dispondrán del "máximo esfuerzo" para lograr que La Pampa recupere la correntía del Atuel.
"Si algo le puedo decir a los pampeanos es que se queden tranquilos porque junto a Miguel vamos a hacer lo máximo, todo lo que se pueda hacer, para recuperar el río. Nos asiste el derecho, y desde allí nos manejamos, por eso no sirven ni las amenazas ni las palabras fuertes que puedan decir en Mendoza", lanzó el abogado.
La demanda:
Andrés Gil Domínguez y Miguel Palazzani promovieron en 2010 la demanda por daño ambiental contra Mendoza (a la cual hace unos días la Corte Suprema de Justicia le hizo lugar) por el río Atuel.
Si bien el letrado presentó un amparo ambiental con medida cautelar, la Corte Suprema rechazó ambos pedidos y abrió un proceso ordinario.
 Cauce río Atuel en La Pampa |
Historia del conflicto:
El de La Pampa es un reclamo histórico que incluso cuenta con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en 1987 consagró "la interprovincialidad del río" y dispuso que las provincias acuerden "los usos futuros del río" reconociéndole "a Mendoza la prioridad para regar" casi 76.000 hectáreas.
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En el año 2008, los gobernadores de La Pampa, Oscar Jorge, y de Mendoza, Celso Jaque, firmaron en presencia de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, un acuerdo por el uso de las aguas del Atuel. Acordaron un cronograma de obras para producir un ahorro en las pérdidas por infiltración del río mediante la impermeabilización de los canales de la red primaria y secundaria de riego en el sur mendocino. Con esas obras se iban a recuperar 10 m3 por segundo, otorgándole a cada provincia el 50% de ese recupero.
El artículo 16 del convenio se refiere a la obra Portezuelo del Viento. La Pampa dio su conformidad para el desarrollo de las obras para el Aprovechamiento Integral del río Grande -Presa y Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento- Trasvase del río Grande al río Atuel, con arreglo al respeto por los procedimientos y la aprobación final por parte del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco). Hay un inconveniente: Mendoza quiere construir la represa en un lugar que no está especificado en el acuerdo interprovincial para el aprovechamiento de los ríos de la cuenca del Colorado. Para cambiar la ubicación, Mendoza debe obtener el visto bueno de todas las provincias de la cuenca, incluida La Pampa.
Ese convenio de 2008 debía ser ratificado por las legislaturas de las dos provincias: La Pampa lo hizo, Mendoza no.
En tanto, el río Atuel sigue sin correr por territorio pampeano.
La estrategia de Mendoza:
El organismo judicial nacional pedirá información sobre el convenio que suscribieron en 2008 ambas provincias. En este caso, la posición del Gobierno será que el convenio mencionado no ha sido ratificado por la Legislatura, y que por ende no tiene ningún tipo de vigencia.
El Ejecutivo incluirá entre sus respuestas el amplio plan de obras que realizó Irrigación para la optimización del uso del agua y la crisis hídrica que afecta a Mendoza desde hace cinco años.
El Instituto del Agua y del Ambiente de la Universidad de Mendoza realizará un estudio jurídico del caso,
que intentará demostrar que La Pampa no tiene argumentos sólidos para continuar con el juicio ya que el fallo de la Corte Suprema nacional de 1987 está vigente.
Además, según señaló el titular del Instituto,Miguel Mathus Escorihuela en declaraciones periodísticas"La Pampa está abusando de su enclave geográfico, ya que usa los caudales de Mendoza en la cuenca del (río) Colorado con la derivación de caudales que hace en 25 de Mayo sin pagar nada y cobra las regalías hidroeléctricas del dique Casa de Piedra sin compensar a Mendoza".
