Miles de extranjeros que ingresaron a Estados Unidos con visas de turismo o negocios podrían perder sus permisos en las próximas semanas, como parte de una nueva ofensiva migratoria impulsada por la administración de Donald Trump. La medida alcanzaría a quienes obtuvieron visas B1 y B2 entre 2016 y 2026 y posteriormente solicitaron o están solicitando asilo en el país.
Según información difundida por medios internacionales, el Departamento de Estado trabaja junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar a los titulares que ingresaron como visitantes temporales y luego iniciaron un proceso para permanecer en Estados Unidos. La cifra estimada podría llegar hasta 200.000 visas, aunque el Gobierno todavía no confirmó el número definitivo.
La razón detrás de las cancelaciones
El Gobierno estadounidense sostiene que algunos extranjeros habrían utilizado las visas de turismo o negocios como una vía para ingresar al país y posteriormente solicitar asilo con la intención de establecerse de manera permanente. Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, afirmó que obtener una visa con este propósito constituye un fraude y puede ser motivo para revocarla.
La nueva ofensiva se suma a un proceso de endurecimiento migratorio que, durante los últimos 18 meses, ya derivó en la revocación de unos 175.000 visados.
La decisión, sin embargo, no significaría una deportación inmediata. En los casos en los que exista un pedido de asilo pendiente, las autoridades podrían retirar el estatus de visitante y reclasificar la situación migratoria mientras la Justicia determina cómo continúa cada expediente.
Qué pasará con quienes tengan una visa B1 o B2
La eventual aplicación de la medida genera especial incertidumbre entre quienes ingresaron legalmente a Estados Unidos como turistas o por motivos comerciales y luego iniciaron un trámite de asilo.
Entre los principales puntos a tener en cuenta se encuentran:
No habrá una cancelación automática de todos los permisos: las autoridades analizarán los casos de manera progresiva.
Perder la visa no equivale a una deportación inmediata: quienes tengan un pedido de asilo pendiente podrían continuar dentro del sistema migratorio mientras se resuelve su situación.
El período bajo revisión abarca una década: se contemplan visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026.
Las nuevas solicitudes tendrán mayores exigencias: quienes soliciten una visa de visitante deberán demostrar que su intención es regresar a su país de origen y declarar que no planean utilizarla para solicitar asilo.
La ofensiva también alcanza a las visas de trabajo H-1B
La política migratoria de Donald Trump incluye además nuevas restricciones para trabajadores extranjeros altamente calificados. El Gobierno propuso una tarifa de US$103.265 por cada visa H-1B, un permiso utilizado por empresas para contratar, entre otros profesionales, a científicos, médicos, ingenieros y desarrolladores informáticos. La propuesta contempla destinar parte de esos ingresos al funcionamiento del sistema migratorio, incluidos los tribunales federales de inmigración y el ICE.
La nueva ofensiva se suma a un proceso de endurecimiento migratorio que, durante los últimos 18 meses, ya derivó en la revocación de unos 175.000 visados, según los datos difundidos en el marco de las nuevas políticas estadounidenses.
Por ahora, el Departamento de Estado no informó una fecha exacta para anunciar la medida sobre las visas B1 y B2. Lo que sí confirmó es que se conocerá “en las próximas semanas”, por lo que se espera que la decisión genere nuevas impugnaciones ante los tribunales estadounidenses.