Tras las elecciones, seguidores de Jair Bolsonaro atacaron sedes del Estado en Brasil.
El Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) de Brasil inició la fase de declaraciones de los testigos de cargo y de la defensa en las acciones penales abiertas contra los acusados de participar en los ataques del 8 de enero a las sedes de los tres poderes del Estado, hechos que la justicia apunta a enmarcar en un intento de golpe de Estado.
Las audiencias están a cargo de cuatro jueces auxiliares del despacho del ministro Alexandre de Moraes, a cargo de la causa. La primera fase de testimonios involucra a 232 acusados de participar en los delitos de asociación delictiva, tentativa de abolición del Estado Democrático de Derecho, tentativa de golpe de Estado y destrucción de bienes catalogados.
Se estima que las audiencias terminarán a fines de julio, reseñó la Agencia Brasil. Se escuchará también a los policías que actuaron para contener la depredación en las instalaciones de la Corte Suprema, el Congreso y el Palacio del Planalto.
Desde el inicio de las investigaciones, el STF abrió procesos penales contra 1.245 imputados. En total, 1.390 denuncias fueron presentadas por la Procuraduría General de la República (PGR).
Alrededor de 250 imputados permanecen en prisión bajo la acusación de actuar como autores e instigadores de los hechos. A unos 70 ya se les extendió la medida después de 90 días de prisión.
Hay al menos dos investigaciones más del STF relacionadas con el 8 de enero, que apuntan a posibles financistas y autoridades sospechosas de no hacer frente a los ataques. De cara a las investigaciones, la Procuraduría no presentó denuncias en estos procesos, que todavía son investigados por la Policía Federal (PF), en el operativo denominado Lesa Patria.
Fuente: Télam
