El Consejo Federal de Educación aprobó una resolución que unifica criterios para prevenir la trata de personas y el grooming en las escuelas del país. La medida promueve la detección temprana y el cuidado en entornos físicos y digitales. La provincia de Mendoza, a través de la Dirección General de Escuelas, acompañó la iniciativa y avanzará con su aplicación.
Trata de personas y grooming: la DGE implementará nuevos lineamientos en las escuelas de Mendoza
La provincia de Mendoza implementará una formación obligatoria en todas las escuelas sobre Trata de personas y Grooming para prevenir ambos delitos.
La nueva normativa nacional establece la realización de jornadas de sensibilización y formación en todos los niveles educativos. El objetivo principal es promover acciones concretas de prevención, detección temprana y acompañamiento ante los riesgos existentes tanto en entornos físicos como en el ecosistema digital.
Trata de personas y grooming: ejes principales de la resolución
La medida busca consolidar a la escuela como un espacio fundamental de cuidado y contención. Entre sus puntos más destacados se encuentran:
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Educación digital: incorporación de contenidos sobre el uso responsable de redes sociales y plataformas virtuales.
Detección de riesgos: herramientas para la prevención del ciberacoso y la identificación temprana de situaciones de vulnerabilidad.
Vínculos de confianza: fortalecimiento de los canales de comunicación entre estudiantes, docentes y familias.
Capacitación profesional: instancias de formación docente y distribución de materiales pedagógicos específicos para cada institución.
“Hoy los chicos y adolescentes crecen en entornos mucho más complejos, especialmente en el mundo digital. La escuela no solo enseña contenidos: también tiene que ayudar a cuidar, orientar y dar herramientas para que puedan desenvolverse con más seguridad y más acompañamiento”, señaló el titular de la DGE, Tadeo García Zalazar.
La resolución, avalada por las distintas provincias, se implementará de manera progresiva en todas las jurisdicciones del país, adaptando los recursos a las realidades de cada comunidad educativa.